El Gobierno aprobó la compra de Telefónica Argentina por Telecom, pero exigió transferir seis millones de clientes móviles, devolver espectro y reducir presencia en mercados concentrados.
El Gobierno nacional aprobó la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, aunque condicionó la operación a una serie de desinversiones destinadas a limitar la posición dominante que alcanzará la empresa resultante.
La resolución fue difundida por el Tribunal de Defensa de la Competencia, sobre la base de un informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones. La adquisición involucra a los accionistas de Telecom, controlada por Cablevisión Holding, vinculada al Grupo Clarín, y el fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez.
La decisión representa un giro respecto de la postura que había expresado el presidente Javier Milei en marzo de 2025, cuando cuestionó públicamente la operación por considerar que podía derivar en una concentración excesiva del mercado.
La principal exigencia de la Autoridad Nacional de la Competencia establece que Telecom deberá transferir seis millones de clientes de telefonía móvil, junto con la infraestructura necesaria para su operación, a un nuevo competidor del sector.
La medida apunta especialmente al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la empresa fusionada alcanzaría una participación cercana al 58% del mercado móvil. También deberá desprenderse de usuarios en las regiones Norte y Sur para evitar que su cuota supere el 50% en cualquier zona geográfica.
La compra unificó los más de 21 millones de líneas de Personal con los 19,3 millones de Movistar. Tras depurar registros duplicados, la nueva compañía conservaría alrededor de 30 millones de usuarios activos, equivalentes a poco más del 50% del mercado nacional.
Las restricciones también alcanzan al negocio de internet fija. Telecom deberá reducir su presencia en aquellas localidades donde su participación exceda el 50% del mercado. En el AMBA, la empresa concentra cerca del 65% de las conexiones de banda ancha fija.
Además, el grupo deberá devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico, incluyendo una cesión inmediata de 60 MHz a nivel nacional, y garantizar durante dos años condiciones de acceso a infraestructura, sistemas y redes para el nuevo operador que absorba los clientes transferidos.
La aprobación era especialmente relevante para el Grupo Clarín, cuyo negocio de telecomunicaciones se convirtió en el principal motor económico del holding. Según estimaciones del sector, cerca del 95% de sus ingresos provienen actualmente de conectividad, telefonía, internet y televisión por suscripción.
La adquisición de Telefónica Argentina, concretada por unos US$1.245 millones pagados al contado, consolida la transformación del grupo desde un conglomerado centrado en medios hacia una compañía enfocada principalmente en infraestructura y servicios de telecomunicaciones.
Desde la empresa cuestionaron las condiciones impuestas por el Gobierno y las calificaron como "excesivas". Según difundió el diario Clarín, la compañía había ofrecido desprenderse voluntariamente de tres millones de clientes móviles y unos 130.000 abonados de banda ancha, cifras inferiores a las finalmente exigidas.
Telecom sostiene que la escala alcanzada por la fusión es necesaria para competir en una industria que demanda inversiones multimillonarias y enfrenta nuevos desafíos tecnológicos, como la conectividad satelital de Starlink y futuros proyectos de Amazon.
El investigador y docente Martín Becerra, especialista en medios de comunicación, consideró que, pese a las condiciones impuestas, la aprobación representa una victoria de Clarín frente al Gobierno.
"Lo autoriza a ser el único grupo que ofrece servicios convergentes, fijos y móviles, en todo el país", señaló en la red social X tras conocerse la resolución.
Becerra destacó que la obligación de desprenderse de seis millones de clientes móviles constituye una medida de fuerte impacto público, pero advirtió que la empresa conservará una posición privilegiada dentro del mercado argentino.
También cuestionó algunos aspectos del análisis regulatorio, entre ellos la falta de una evaluación adecuada sobre el impacto de los servicios satelitales y la competencia de las plataformas de streaming y distribución digital de contenidos.
El especialista además recogió una objeción recurrente entre operadores privados: la dificultad de sostener un tercer gran competidor en el mercado argentino de telecomunicaciones. Según esa mirada, si existieran condiciones de rentabilidad suficientes para otro jugador de escala nacional, Telefónica no habría decidido abandonar el país.