El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó en su último informe técnico sobre la Argentina un apartado dedicado a los litigios internacionales que enfrenta el país y dio pistas sobre la estrategia del Gobierno para abordar la condena por el caso conocido como Cupón PBI.

La Argentina tiene una sentencia firme en contra dictada por la Justicia del Reino Unido, que obliga al país a pagar alrededor de 1500 millones de euros a bonistas que reclamaron por los pagos vinculados a esos instrumentos.

El reclamo por los Cupones PBI se originó a partir de la manipulación de las estadísticas oficiales del INDEC, que derivó en una disputa judicial con acreedores que afirmaron haber sido perjudicados por el cálculo de los pagos.

Según el informe del FMI, funcionarios argentinos mantuvieron reuniones informales con beneficiarios del fallo en enero y septiembre de 2025.

El organismo señaló que los acreedores transmitieron a las autoridades sus principios para abordar la sentencia, mientras que el Gobierno argentino expresó su preferencia por resolver el caso de forma integral y en línea con el espacio disponible dentro del programa económico.

En ese sentido, el Fondo indicó que la intención oficial es avanzar con el litigio del Cupón PBI una vez que se aborden los pagos pendientes a los acreedores que quedaron fuera de reestructuraciones de deuda anteriores.

Ese punto es clave porque el Gobierno alcanzó en marzo de 2026 un acuerdo con los holdouts que no participaron de los canjes de 2005 y 2010, o que no aceptaron los términos ofrecidos en 2016. Para avanzar con esos pagos, el Ejecutivo ya envió al Congreso la legislación correspondiente.

Con el caso de los holdouts cerca de una definición, el Gobierno le transmitió al FMI que pronto retomará conversaciones con los acreedores del juicio por los Cupones PBI.

El staff técnico del organismo consideró que, dado el compromiso de las autoridades de resolver esos atrasos de manera compatible con el programa, la Argentina está realizando esfuerzos de buena fe.

El reporte también destacó otros frentes judiciales. Por un lado, mencionó el resultado favorable para el país en la apelación del caso por la expropiación de YPF. Por otro, señaló que continúa el compromiso de buena fe con Mobil Exploration por un reclamo de aproximadamente US$196 millones.

Además, el FMI detalló que siguen en curso dos litigios relevantes. Uno corresponde a la agencia francesa de crédito a la exportación Bpifrance Assurance Export, que demandó al país por presuntos incumplimientos en obras públicas.

El otro es el juicio de Titan Consortium vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

A pesar de estos procesos, el Fondo concluyó que la situación judicial internacional de la Argentina no representa riesgos para el uso de los recursos del organismo.

También sostuvo que los litigios en el exterior no socavan los esfuerzos de reforma económica ni la evolución del programa acordado con el país.

De esta manera, el caso del Cupón PBI aparece como uno de los próximos capítulos en la agenda financiera del Gobierno, que buscará cerrar primero el frente de los holdouts antes de encarar una negociación por la sentencia millonaria en Reino Unido.