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El Ejecutivo validó el modelo de concesión para AySA, paso clave hacia su privatización. El esquema prevé mayoría privada, licitación internacional y un rediseño integral del servicio en el AMBA.
El Gobierno nacional formalizó un avance decisivo en el proceso de privatización de AySA, al aprobar el modelo de contrato que regirá la futura concesión del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La medida quedó establecida a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, bajo la administración de Javier Milei. El documento fue publicado en el Boletín Oficial y constituye un paso estructural en la transferencia del servicio al sector privado.
El contrato validado establece las condiciones jurídicas que regirán la relación entre el Estado y el futuro concesionario, en un esquema que se inscribe en la Ley 27.742 y en el Decreto 494/2025, que habilitó la venta del paquete accionario.
El diseño contempla la transferencia de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico, seleccionado mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. El porcentaje restante podrá ser colocado en el mercado de capitales local, configurando un modelo mixto de privatización.
A diferencia de una venta directa, la medida actual no implica la adjudicación inmediata, sino la definición del marco regulatorio y contractual que permitirá avanzar en el proceso. En este sentido, el esquema mantiene el régimen de concesión vigente, aunque introduce una reorganización integral del servicio, orientada a mejorar la previsibilidad normativa y operativa.
El contrato fija de manera explícita los derechos y obligaciones tanto del Estado concedente como del concesionario, en un intento por establecer reglas claras de funcionamiento para el sistema.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es la vinculación entre inversiones, expansión de redes y sustentabilidad financiera, aspectos que serán trasladados al primer ciclo tarifario previsto para el período 2027-2031. Este punto introduce una variable sensible: la evolución futura de las tarifas, en función de los compromisos asumidos por el operador privado.
Además, la empresa deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición 2024-2026, previamente aprobado, lo que implica una continuidad operativa en el corto plazo mientras se consolida el nuevo esquema.
El proceso de privatización se articula con un rediseño normativo más amplio del sector, que incluye modificaciones en las condiciones de prestación del servicio y en las facultades del concesionario. Este andamiaje es interpretado como la base regulatoria necesaria para facilitar el ingreso de capital privado.
Más allá de los aspectos técnicos, la iniciativa reactiva una discusión de fondo en torno al rol del Estado en la gestión de servicios esenciales: agua como derecho público versus lógica de mercado regulado.
Desde el Gobierno se subrayó que el proceso deberá garantizar la continuidad del servicio bajo criterios de transparencia, competencia, eficiencia y máxima concurrencia, en línea con estándares de licitación internacional.
Con el contrato aprobado, la siguiente etapa será avanzar en el proceso licitatorio para seleccionar al operador estratégico, instancia en la que el mercado pondrá el foco en dos variables clave: el esquema tarifario proyectado y las exigencias de inversión que impondrá la concesión.
