Por primera vez, el Gobierno cuenta con evidencia que podría revelar irregularidades en contratos suscritos entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y organismos estatales durante la administración de Alberto Fernández. Aunque la Justicia en lo Contencioso Administrativo impide auditar los gastos de la UBA, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), liderada por Miguel Blanco, revisó convenios firmados con ministerios y empresas estatales.

Uno de los acuerdos bajo la lupa fue suscrito en 2023 entre Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Por este contrato, la universidad recibió $58.529.618 para colaborar con la auditoría interna de SOFSE. No obstante, la SIGEN concluyó que "no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado".

El informe señala diversas irregularidades, entre ellas:

• SOFSE ya contaba con un equipo de auditoría interna de 11 agentes, cuestionando la necesidad del contrato.

• No hay registros de las personas asignadas por la UBA ni de sus antecedentes.

• No se presentaron planes de trabajo ni evidencias de tareas ejecutadas, como análisis de documentación o identificación de riesgos.

  

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El Gobierno de Javier Milei busca auditar los gastos de la UBA a través de la SIGEN, pero la universidad se opone, argumentando que el control le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), según la Ley de Educación Superior.

Además, un documento en poder de la SIGEN indicaría que la UBA no rindió el 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022, lo que equivale a unos $8000 millones destinados a programas universitarios como FUNDAR. También existen dudas sobre el uso de $500 millones asignados a infraestructura entre 2015 y 2019.