Las escalas del Monotributo que definen cuánto paga el contribuyente y determinan si los que están al tope de la pirámide tienen que pasarse al régimen general comenzaron 2019 con un retraso de al menos 17 puntos respecto de la inflación acumulada en el último año. Desde este 1 de enero subieron 28,46%. Y eso se debe a que el Gobierno decidió adoptar el mismo índice de actualización que las jubilaciones. Pero los precios fueron mucho más rápido durante el año. Crecieron por lo menos un 45%, de acuerdo con estimaciones privadas. El efecto de retraso de las escalas es similar al que provocaba la falta de actualización en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias de los salarios. Los contribuyentes de las escalas más bajas pasaban más rápido a niveles más altos donde el tributo es mayor. En el caso del Monotributo, los que están al tope se ven obligados a abandonar el denominado régimen simplificado para pasar a ser responsables inscriptos de IVA y pagar el Impuesto a las Ganancias. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, en los primeros 10 meses del año hubo 2.200 autánomos más declarados ante la AFIP con aportes jubilatorios. Se supone que su incremento se debería a ese efecto distorsivo de la inflación.

De ese modo, los que están en la categoría K en la actividad de comercio de bienes, si superan $1.726.599 de facturación anual, estarán obligados a dejar de ser monotributista, mientras que los proveedores de servicios tienen un techo de $1.151.066. en la categoría H. Básicamente, un comerciante debería declarar a la AFIP menos de $143.800 de ventas al mes, y con ello, además pagar mercaderías, un empleado, alquiler de local y servicios, retirar algo para sus gastos familiares. En el caso de un profesional, debería tener una facturación mensual inferior a los $95.922.

Por esa razón, Vicente Lourenzo, asesor pyme del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, señala que “el 70% del universo monotributista se dedica a los servicios”, y aclara que “no hay muchos que se dediquen al comercio de bienes”. Evidentemente, es inviable volcarse al comercio en esos niveles tan bajos de ventas.

Incluso, considera que en algunos casos es el propio Estado el que promueve una suerte de “monotributización” de las personas. “Hay municipalidades que no aceptan facturas del régimen general, porque les resulta más caro”, por el pago del IVA, explicó Lourenzo, quien indicó que entonces las comunas piden a las personas las facturas tipo C del régimen simplificado. El especialista considera igualmente que las cuotas del régimen ya resultan “bastante elevadas” en los niveles actuales y supone que la extensión obligatoria del uso de facturas electrónicas en esta modalidad provocará una “depuración” del sistema. “Antes con las facturas de papel la AFIP realmente no sabía lo que se facturaba; ahora tienen todos los datos”, explicó. Incluso para un Monotributista que decida no declarar parte de sus operaciones le resultará complicado cobrar porque sus clientes a su vez tendrán que usar dinero de cuentas no declaradas.

Federico De Luca, tributarista, también explicó a Ámbito Financiero que “los que están en las escalas más altas pasan más rápido al régimen general, donde los costos son 7 u 8 veces más altos”. Al describir el Monotributo, indicó que “es un impuesto que se cobra contra la facturación, no importa si se gana o se pierde”. Por caso, señala que en una economía inflacionaria como la de la Argentina, “la facturación subió mucho nominalmente, pero eso no quiere decir que se haya ganado”. El tributarista del Estudio DLF, consideró que se deberían introducir modificaciones al régimen simplificado para corregir esos errores.