El Gobierno Nacional apoyó la decisión de incorporar al fondo permanente de recompensas, el 10 por ciento de las sumas obtenidas como producto de la restitución, decomiso o indemnización a favor del Estado Nacional, en el marco de causas penales por delitos cometidos en perjuicio de la administración pública.

Según la medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, por Decreto 1097/2018, será el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien adoptará las medidas necesarias para realizar esta incorporación al Fondo. Asimismo, quedan excluidas, aquellas sumas de dinero producto de la restitución, decomiso o indemnización a favor del Estado, en el marco de causas penales que, por imperativo legal, correspondieran ser incorporadas al patrimonio del Poder Legislativo o del Poder Judicial. 

El artículo 1° de la Ley N° 26.538 creó el fondo permanente de recompensas, destinado a abonar una compensación en dinero, a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima, preservar su integridad física, o lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la comisión de delitos de homicidio, homicidio agravado, violación, violación seguida de muerte, privación ilegal de la libertad calificada, sustracción de menores, secuestro extorsivo, los relacionados a estupefacientes, robo a entidades bancarias, o en el encubrimiento de cualquiera de éstos y en todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información.

Según esta medida, la gravedad y complejidad de los delitos cometidos en perjuicio de la administración pública, vinculados a hechos de corrupción, así como de aquellos relacionados al narcotráfico y la legitimación de activos provenientes del delito, ?ameritan que se extremen los esfuerzos del Estado  para  posibilitar su investigación, juzgamiento y sanción, para lo cual resulta conveniente dotar de mayores recursos al fondo".  

?Resulta justo y conveniente destinar una parte de los bienes y sumas de dinero que el Estado pudiera recuperar, o bien obtener como consecuencia del decomiso o pago de indemnizaciones a su favor, para recompensar a quienes hubieran aportado información útil que haya permitido el esclarecimiento de graves hechos de corrupción, narcotráfico o legitimación de activos provenientes del delito, la condena de sus responsables y la identificación y recupero del producto de tales actos ilícitos?, explica el texto oficial.
 

Fuente: El Instransigente