Por Randy Stagnaro

Tiempo Argentino

Las dos petroleras en la mira del gobierno argentino, y que podrían ser sancionadas por violar las leyes de este país, aún no informaron oficialmente a sus inversores ni a las autoridades regulatorias en los mercados en los que se ofrecen y transan sus acciones sobre esta posibilidad, que podría derivar en fuertes multas y prisión para sus directivos.

Ni Harbour Energy Plc. ni Navitas Petroleum LP emitieron comunicaciones al respecto. Tiempo contactó a ambas empresas para conocer su opinión sobre el conflicto, pero declinaron hablar.

El 7 de julio, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, anunció el inicio de un proceso acusatorio contra ambas firmas. También incluyó a Chrysaor Holdings por sus actividades de 2020 pero esa firma se fusionó con Premier Oil para formar Harbour Energy.

El incremento del riesgo empresario ocasionado por su accionar ilegal en Malvinas sí ha sido consignado por las petroleras en sus prospectos de emisión de acciones. Allí admiten que existe un diferendo entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas y que producto de ello, la normativa argentina excluye a las empresas que exploran o explotan hidrocarburos con licencia kelper.

Bajo el mar
Desde que fue anunciado como uno de los descubrimientos más "excitantes" de 2010, el depósito de petróleo Sea Lion ha sido explorado varias veces. La última fue con la plataforma Eirik Raude, propiedad de la noruega Ocean Rig, en una campaña que iba a durar dos años y culminó de manera anticipada en 2016.

Durante estos más de diez años, la existencia de crudo en Malvinas ha sido agitada en forma constante como una posibilidad concreta e inmediata de generar ganancias. Sin embargo, las distintas fórmulas societales que se ensayaron para repartir el riesgo no lograron extraer nada.

Rockhopper Exploration es la firma que tiene la licencia original de exploración emitida por el gobierno kelper. Cuando los costos ocasionados por la búsqueda de hidrocarburos en el mar alrededor de Malvinas se hicieron muy cuesta arriba, la empresa decidió cancelar el resto de su programa de exploración. Premier Oil se sumó a Rockhopper a fines de 2012 por medio de la compra de un porcentaje de sus derechos y, de hecho, asumió la conducción de las tareas de exploración.

En 2017, Premier puso en venta su participación en la aventura, pero no consiguió compradores a pesar de que los precios internacionales del petróleo se encontraban en torno de los U$S 50 el barril, suficiente como para hacer rentable la explotación en Malvinas, según sus prospectos.

Dos años después, la israelí Navitas comenzó a discutir la posibilidad de sumarse al consorcio de Sea Lion, propósito que plasmó en una carta de intención en 2020 en la que se mostró dispuesta a comprar hasta el 30% de los derechos. Pero la crisis provocada por la pandemia de coronavirus hundió esos planes. Primero fue por la caída considerable del precio del crudo en los mercados internacionales. Pero luego, cuando el precio ya se ha recuperado y ronda los U$S 70 por barril, las petroleras en Malvinas no muestran por ahora signos de volver a la exploración; tampoco de estar en tratativas para encontrar la ingeniería financiera que permita fondear el proyecto.

En ese contexto cayó el anuncio de la sanción argentina.

¿Y los efectos?
Las operaciones de Harbour Oil, Navitas y Rockhopper violan la Ley argentina 26.659 de 2011, que indica que penaliza la realización de actividades en la plataforma continental sin la correspondiente autorización de las autoridades competentes. Esa norma fue reforzada en 2013 por la Ley 26.915, que fortaleció las condenas y las multas. La impugnación llega a quienes financien el proyecto o participen de cualquier otra manera. En 2012, el gobierno inhabilitó a cinco empresas y en 2015 hizo lo propio con otras dos; entre esas siete se encontraban Rockhopper y Premier Oil. Ese año, incluso, arrancó procesos penales contra algunas de las firmas. Pero a la fecha esas causas no han avanzado.