Pero volvió sobre un punto central sobre el que percuten las defensas: las auditorías se realizan siempre sobre procesos, nunca sobre contribuyentes en particular. Enmascarado bajo una gestión de cobros de una Agencia, la principal hipótesis es que se trató de un informe específicamente dirigido contra Oil para poder apuntalar la denuncia penal, por fuera de las conclusiones finales sobre el proceso de otorgamiento de planes de pago de la auditoría 15, que iban a contramano de cualquier irregularidad. En el devenir del expediente, cuando Sosa presentó la 14 informó que estaba en marcha la 15. Nunca nadie la solicitó hasta la queja de los jefes de Agencia y directores regionales que forzaron a que la AFIP, ya en la era de Leandro Cuccioli la presentara en el expediente ante un sorprendido Ercolini.

"Un informe preliminar es eso. Su nombre lo dice. Es preliminar. El juez que lo solicita sabe que se trata de un avance y sabe lo que le falta. Cualquier parte que falte lo convierte en preliminar", sostuvo Guaraz en una audiencia corta para la duración habitual en el juicio Oil. La querella de la AFIP, por tercera vez consecutiva y ante testigos que integran el propio organismo recaudador, se abstuvieron de realizar preguntas. En este caso, la fiscalía también hizo un interrogatorio mucho más breve que en las anteriores audiencias.

Guaraz confirmó que el plan de auditoría se planificaba con antelación y se presentaba en octubre de cada año. Y que intervenían numerosas personas en su confección que dejaban asentadas sus firmas y sellos a su labor, algo de las que carecen las documentales anexadas a la causa. Sostuvo, a su vez, que sus "conclusiones" no son obligatorias, dado que la opinión del auditado puede no coincidir.

Pero uno de los tramos más importantes fue que el exfuncionario de Aduanas declaró ayer que si un auditor presentaba ante un juez un informe preliminar (algo no habitual) quien lo hace está obligado a decirle los motivos por lo que está incompleto y cuáles son los elementos que faltan.

Las defensas apuntan a que ninguno de los documentos cuenta con el membrete oficial, sellos o firma de quienes participaron y hay foliaturas incompletas.