Esas organizaciones, que intentan ayudar a las familias con problemas de alojamiento en ese estado del sur, gastaron rápidamente las subvenciones recibidas desde el inicio de la pandemia. "Nos hemos visto superados por el número de peticiones de ayuda", dice Hayes-Brown.

En Nueva York, Mariatou Diallo no paga el alquiler desde marzo, cuando perdió su empleo en el sector sanitario.

"Estoy muy preocupada porque tengo un niño de ocho años y, si me desalojan, no tengo ni idea de lo que voy a hacer", dice.

Según los datos oficiales, cerca del 30% de los estadounidenses dice confiar poco o nada en su capacidad para poder pagar el alquiler el mes que viene.

En ocasiones, los inquilinos dejaron de pagar sus alquileres hace meses, pero las moratorias sobre las expulsiones decretadas en varios estados se van levantando poco a poco. Mientras, la ayuda de 600 dólares por semana otorgada por el Gobierno de Donald Trump a las personas que perdieron sus ingresos terminó el 31 de julio.

Más allá del problema social involucrado en la crisis, en lo político constituye una papa caliente tanto para el presidente como para la oposición demócrata. Trump y Joe Biden medirán fuerzas en las elecciones del 3 de noviembre, con el segundo liderando el promedio de encuestas por 7,5 puntos porcentuales pero con el republicano mejor posicionado en algunos estados clave para el Colegio Electoral.

"Sin los 600 dólares, nadie puede pagar el alquiler", afirma Yudy Ramirez, que perdió su trabajo de limpieza en un hotel de Manhattan en marzo.

En julio y agosto no pagó los 1.000 dólares mensuales que cuesta el alquiler de su apartamento en el Bronx. A sus 46 años, no sabe cuándo volverá a tener trabajo y pronto va a perder su seguro por enfermedad.

El lunes participó con unos 50 manifestantes, entre ellos Mariatou Diallo, en una protesta para reclamar la anulación de los alquileres impagos ante el tribunal de asuntos inmobiliarios del Bronx.

La amenaza es aún más fuerte en esos barrios populares donde viven sobre todo minorías y donde la covid-19 ha provocado las mayores pérdidas de empleo.

En Nueva York, los desalojos están prohibidos hasta el 4 de septiembre, pero los arrendadores ya pueden presentar sus demandas de desahucio ante los tribunales.

Los inquilinos neoyorquinos tienen, sin embargo, el derecho a suspender los pagos de sus alquileres sin problemas en las viviendas. Pero ese derecho no existe en Georgia, recuerda Erin Willoughby, directora del centro de recursos jurídicos sobre asuntos inmobiliarios del Clayton Housing Legal Resource Center.

Si los inquilinos no responden en el plazo de una semana a una carta que les exige el pago del alquiler, el proceso de expulsión empieza enseguida, lamenta Willoughby.

En Arkansas, el último estado del país que condena penalmente a los inquilinos que no pagan su alquiler, estos tienen pocos derechos.

En el mejor de los casos pueden evitar que la expulsión aparezca en sus antecedentes judiciales, dice John Pollock, coordinador de la Coalición Nacional por el Derecho a un Abogado.

Según él, el país afronta una "catástrofe enorme" si los dirigentes políticos no logran un acuerdo.

Los republicanos y la oposición demócrata en el Congreso no han logrado un proyecto de ayuda común.

Los demócratas proponen dedicar 100.000 millones de dólares a los alquileres impagos y extender la ayuda de 600 dólares semanales a los desempleados, propuestas que los republicanos consideran demasiado generosas.

Trump firmó la semana pasada un decreto para ayudar a los inquilinos y los arrendadores afectados por la pandemia. Pero, para Pollock, el decreto de Trump "no sirve para nada", ya que no aporta inmediatamente propuestas ni recursos concretos.