Si bien los datos oficiales del Gobierno muestran que en 21 provincias el 75% del empleo privado está habilitado para trabajar, esa flexibilización no se traduce de manera lineal al nivel de actividad de la industria. En este sentido, el 21% de las empresas continúa inactivas, un panorama mejor que el 56% del relevamiento de mayo.

"Hay un impacto de ciertas aperturas con protocolos, pero lo que se empieza a observar ahora es un problema desde el punto de vista de la demanda. Es decir, impacta un poco la oferta en el AMBA, en donde algunos municipios son más selectivos con las aperturas, y los problemas de volver a fases para atrás. A esto se le suma una menor demanda o menor nivel ingreso, o mayor incertidumbre", explicó a Ámbito Pablo Dragún, director del CEU-UIA.

Incluso en regiones en donde se flexibilizó la cuarentena, las ventas no se recuperan, es que "hay bienes o servicios que no se están consumiendo como consecuencia del ASPO", indicó Dragún.

La caída de las ventas se traduce en una compleja situación financiera de las empresas que enfrentan un atraso en impuestos y en compromisos financieros, a tal punto que el 60% de las empresas tuvo atrasos en al menos uno de los pagos. En este sentido, el informe confirma la decisión de las empresas de priorizar la supervivencia, aun a costa de incumplir con ciertas obligaciones: el 41% no pudo pagar los impuestos.

Además, aquellos que recibieron la habilitación enfrentan otra dificultad extra, es que para producir en diversas regiones, las empresas enfrentan un incremento de los costos operativos. En este sentido, el 54% tiene dificultades para abastecerse de insumos en el mercado local, 39% encuentra inconvenientes para garantizar el traslado del personal y 28% reportan impedimentos en el acceso a insumos importados por los cambios normativos.

Ante esta situación la ayuda del Gobierno tuvo un impacto positivo ya que las dificultades para el pago de salarios se redujeron por la implementación del ATP, con el 63% de las empresas beneficiadas y los acuerdos de suspensiones. En ese sentido, sólo un 3% de las empresas presentó dificultades para el pago de salarios en mayo. Aunque, la mitad reconoció que tendrá dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo.

Hay que recordar que en abril, el ATP alcanzó a 2,34 millones de trabajadores y a 245 mil empresas, con un costo fiscal aproximado de $49.000 millones. En tanto que en mayo se aprobó la ayuda a alrededor de 242 mil empresas que emplean a 2,04 millones de empleados, con un costo fiscal cercano a $42.000 millones.

Panorama complicado

En cuanto al panorama hacia adelante el 38% de las empresas consideró que de mantenerse las mismas condiciones en los próximos 3 meses, la continuidad de su actividad estará comprometida. En tanto que un 13% sostuvo que estimó que podría entrar en concurso preventivo.

En esta línea, las medidas de asistencia financiera tuvieron un paulatino avance respecto al mes anterior, ya que un 52% de las empresas pudo acceder a dichas líneas de crédito. Sin embargo, persisten dificultades por diferentes razones para a acceder a los créditos a tasa subsidiada por la falta de respuesta de los bancos, acceso parcial a las líneas de financiamiento, dificultades para presentar la documentación requerida y el rechazo por la situación de riesgo crediticio, entre otros.

Como en un círculo vicioso, los problemas para calificar como sujeto de crédito son mayores en el contexto actual por la acumulación de deudas. A lo que se suma que el 24% de las empresas tiene sin cobrar el 30% de su cartera de cheques.

"Hay muchas limitaciones y ciertas medidas que han estado bien pero hay que ser más quirúrgico en las ayudas, dado un contexto fiscal complejo y donde lo social requiere asistencia importante, se necesita que se active más fuerte la parte financiera. El financiamiento te puede construir el puente a futuro, a tasas que sean razonables. Argentina siempre tuvo problemas en este sentido y ese es el punto a cambiar y donde se nota la endeblez para encarar el tema del Covid-19", analizó Dragún.