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Economía Hacienda

Desde 2016 se autorizaron 370 operaciones de endeudamiento de provincias y municipios

Los ex ministros de Hacienda Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza aprobaron 370 autorizaciones de endeudamiento de provincias y municipios durante los cuatro años de gestión del anterior Gobierno nacional.

Miercoles, 18 de Diciembre de 2019

El relevamiento respectivo lo realizó el ex director nacional de Asuntos Provinciales del Palacio de Hacienda, Félix Piacentini, en su informe de gestión 2016-19.
En el último cuatrienio "se tramitaron alrededor de 220 autorizaciones de endeudamiento para provincias y 150 para municipios", precisó el economista, que en los últimos días retornó a su actividad en la consultora NOAnomics.
Según recuerda el informe, el decreto 1731/04 (reglamentario de la Ley N° 25.917) prevé que el Ministerio de Hacienda analice y autorice a los gobiernos provinciales, de la CABA y municipales las operaciones de endeudamiento del sector público, con carácter previo a la generación de obligaciones.
El informe precisó que, en el caso de las provincias, los años más activos en la luz verde nacional para tomar deudas a través de préstamos y emisión de títulos fueron 2016 (con 64 autorizaciones) y 2017 (con 67 casos).

Luego, en 2018 y 2019 (hasta noviembre) se contabilizaron 46 y 35 autorizaciones de endeudamiento provincial, respectivamente.
La Dirección nacional recordó que a diciembre de 2015 se contabilizaban sólo 8 autorizaciones (y apenas 2 en el caso de los municipios).
De acuerdo con el informe de gestión, las municipalidades incurrieron en un creciente endeudamiento año a año, desde el comienzo de la gestión Cambiemos.
Los ministros de Hacienda de la Nación autorizaron 27 operaciones financieras en respaldo a municipios en 2016; al año siguiente fueron 33; durante 2018 hubo 41 autorizaciones; y este año sumaron 50 en once meses.
El procedimiento llevado a cabo incluyó los análisis legales, la elaboración del proyecto de resolución de endeudamiento, así como también la previa realización de una evaluación de sustentabilidad del repago de la deuda que las jurisdicciones contraerían y del cumplimiento del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.
Adicionalmente, se remitieron para consideración del Banco Central aquellas operaciones que, por sus características, implicaban financiamiento por parte de las entidades financieras a los gobiernos provinciales o municipales.