El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE de Mendoza, Tadeo García Zalazar, se presentó este lunes en la Legislatura provincial para exponer los alcances de un proyecto de ley que modifica la Ley 9545, con el objetivo de destinar los recursos obtenidos por el remate de bienes estatales e inmuebles en desuso a la financiación de soluciones habitacionales para docentes y celadores. La iniciativa plantea una reforma estructural al Fondo Escolar Permanente, facultando a la Dirección General de Escuelas (DGE) a subastar bienes muebles en desuso, vehículos fuera de servicio, materiales obsoletos y propiedades provenientes de herencias vacantes o procesos de extinción de dominio. Mediante la incorporación del Artículo 6º bis, la norma autoriza al organismo educativo a constituir un régimen de garantía y disponibilidad restringida con los fondos líquidos recaudados -que actualmente superan los $500 millones- para articular con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) el desarrollo de urbanizaciones y el respaldo de créditos bancarios.

La medida busca brindar respuesta a un relevamiento previo realizado por la cartera educativa, el cual detectó que 23.000 trabajadores de la educación mendocinos enfrentan severos problemas habitacionales, ya sea por costos de alquiler, endeudamiento previo o falta de vivienda propia. Para agilizar las obras, el IPV mantiene abierta una convocatoria a empresas constructoras que cerrará a fines de mes, tras la cual se definirán las modalidades de acceso -como ahorro previo o créditos hipotecarios- y se habilitarán los padrones de inscripción por departamento. A fin de garantizar la seguridad jurídica del patrimonio público, la propuesta legislativa prohíbe de manera explícita la afectación de edificios escolares o bienes esenciales del servicio educativo como respaldo financiero, obligando además a la DGE a conservar una reserva permanente para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos.