La Cámara de Diputados retomará la actividad parlamentaria en agosto con el debate sobre la reforma de la ley de Inocencia Fiscal enviada por el Poder Ejecutivo. El proyecto busca establecer condiciones normativas para facilitar la entrada al sistema bancario y productivo de las divisas no declaradas que se encuentran fuera del circuito formal.

Para alcanzar la aprobación de la norma, la conducción de La Libertad Avanza encabezará negociaciones con bloques dialoguistas como el PRO, la UCR e Innovación Federal, en un esquema articulado por los diputados Martín Menem, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.

Alianzas parlamentarias y modificaciones en la fiscalización

Dado que el bloque oficialista cuenta con 95 escaños propios, requerirá sumar el apoyo de representaciones provinciales para asegurar el quórum y la votación en general. En el plano técnico, la iniciativa introduce una flexibilización en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Específicamente, el texto proyecta elevar del 15% al 30% la brecha de inconsistencia patrimonial entre ingresos registrados y bienes poseídos que habilita las investigaciones de oficio por parte del organismo de control.

La discusión en torno a los funcionarios públicos

En paralelo, la iniciativa abrirá un foco de discusión con el bloque de Unión por la Patria, desde donde anticiparon que exigirían modificar el articulado para excluir explícitamente a los funcionarios públicos y sus familiares del alcance del régimen simplificado.

La postura de la oposición cobró impulso tras las observaciones vertidas sobre las modificaciones en las declaraciones juradas de exfuncionarios del Ejecutivo, marcando el eje de lo que será el debate en comisiones durante las próximas semanas.