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El magistrado Diego Amarante solicitó la concentración de los expedientes económicos que complican a la cúpula del fútbol argentino. La hipótesis apunta a una red de testaferros utilizada para adquirir un mega predio con helipuerto y caballerizas.
El mapa judicial que acorrala a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) registró un movimiento de piezas estratégico. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, solicitó de forma oficial tomar las riendas de la causa que investiga la procedencia de una lujosa mansión en Pilar atribuida a Pablo Toviggino, tesorero del organismo y mano derecha del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia.
Amarante es el mismo magistrado que ya instruye el expediente principal contra ambos dirigentes por la retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de $19.000 millones, una causa donde tanto Tapia como Toviggino se encuentran formalmente procesados con la confirmación de la Cámara de Apelaciones del fuero.
El juez argumentó que la unificación de los procesos penales resulta una medida indispensable y superadora. "La concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles", sentenció Amarante, añadiendo que la fusión evitará la duplicación innecesaria de medidas probatorias y resguardará las garantías de defensa de los imputados.
El expediente de la propiedad bonaerense se encuentra actualmente bajo la tutela provisoria de la magistrada Verónica Straccia. Esto ocurre luego de que la Cámara en lo Penal Económico decidiera quitarle la competencia territorial al juez federal de Campana, Adrián González Charbay, ratificando que el caso pertenece estrictamente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°10.
La causa matriz investiga presuntas omisiones delictivas en el depósito de retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Ganancias y tasas previsionales del Sistema Único de la Seguridad Social, maniobras ejecutadas en diversos períodos fiscales comprendidos entre los años 2024 y 2025.
La investigación penal sobre la estancia de Pilar se enfoca en las figuras de Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte. Ambos aparecen registrados como los titulares de la firma Real Central S.R.L., una sociedad comercial que figura en los papeles como la propietaria legal de un predio de aproximadamente cinco hectáreas ubicado en la localidad de Villa Rosa.
Los operativos de allanamiento desplegados en el inmueble revelaron una infraestructura suntuosa: las fuerzas de seguridad secuestraron 54 automóviles de lujo de colección, pistas ecuestres profesionales, caballerizas de alta competencia y un helipuerto operativo. Según las tasaciones oficiales incorporadas al legajo, el valor de mercado de la propiedad asciende a los 20 millones de dólares.
La hipótesis central de los sabuesos judiciales sostiene que ni Pantano ni Conte poseen un perfil patrimonial o fiscal blanco que justifique semejante erogación de capital, por lo que habrían operado como testaferros de la recaudación ilegal de Toviggino.
La maniobra societaria se gestó en mayo de 2024, cuando la firma modificó su nombre original (Central Parks Drinks S.R.L.), elevó su capital social de un monto marginal de $300.000 a $58 millones y, apenas dos semanas más tarde, concretó la millonaria transacción inmobiliaria. La prueba más incriminatoria descubierta por los investigadores radica en el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, plástico que era utilizado de forma rutinaria para financiar los gastos de mantenimiento y combustibles de la flota de vehículos de alta gama.
