El Gobierno busca avanzar con cambios en el Régimen Simplificado de Ganancias, una iniciativa orientada a incentivar la formalización de fondos no declarados, incluidos los llamados dólares del colchón.

El Ministerio de Economía trabaja en una nueva versión del proyecto de inocencia fiscal, luego de recibir observaciones de especialistas tributarios. La propuesta incorpora modificaciones para ampliar el alcance del régimen y dar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

Sin embargo, un nuevo artículo encendió alertas entre tributaristas: permitiría que ARCA continúe con inspecciones, determinaciones de oficio, sumarios o juicios que ya estuvieran iniciados antes de la adhesión al régimen.

El borrador incorpora el artículo 42° ter, que establece que adherir al Régimen Simplificado y pagar el impuesto correspondiente no frenará automáticamente las fiscalizaciones abiertas con anterioridad.

En la práctica, si un contribuyente ya estaba siendo investigado por Ganancias de años previos, el organismo podría seguir adelante con el reclamo.

Para algunos especialistas, ese punto contradice la idea de un "tapón fiscal" para períodos anteriores y puede generar incertidumbre entre quienes pensaban adherir para cerrar discusiones con el fisco.

El temor es que, al exteriorizar fondos, el contribuyente termine aportando información útil para una fiscalización vieja. Por eso, algunos tributaristas advierten que esta cláusula podría desalentar la decisión de ingresar dólares no declarados al sistema financiero.

Otros especialistas, en cambio, consideran que el impacto sería limitado y que afectaría sobre todo a contribuyentes que ya están bajo fiscalización. En ciertos casos, incluso podría convenir adherir si el ajuste fiscal es difícil de discutir y el régimen permite evitar multas por omisión.í

Más allá de esa controversia, el proyecto incorpora modificaciones consideradas positivas por los tributaristas.

Una de las principales es la ampliación del universo de contribuyentes habilitados para adherir. La nueva versión elimina los límites patrimoniales y de ingresos que estaban previstos inicialmente, por lo que la elegibilidad dependerá de la residencia fiscal y de no ser considerado Gran Contribuyente Nacional.

También se incorpora una fecha límite para exteriorizar fondos: el 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces, los contribuyentes podrían ingresar dinero no declarado al sistema financiero sin que eso implique automáticamente una presunción de evasión o un ajuste retroactivo en Bienes Personales.

El proyecto además permite subsanar diferencias detectadas por ARCA sin perder los beneficios del régimen, siempre que el contribuyente rectifique y pague dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Otro cambio relevante es la forma de medir la llamada discrepancia significativa. Ya no se calcularía sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. Además, el régimen no caería si la diferencia no supera determinados umbrales mínimos.

Pese a estas mejoras, los especialistas advierten que la letra chica será clave. En particular, señalan que diferencias pequeñas en retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta podrían poner en riesgo los beneficios si el contribuyente no acepta el criterio fiscal dentro del plazo establecido.

La discusión continuará en el Congreso, mientras el Gobierno intenta ofrecer un esquema que incentive la formalización de fondos sin generar nuevos temores entre quienes evalúan ingresar sus ahorros al sistema.