El Gobierno de Mendoza pondrá en marcha un relevamiento de los glaciares y cuerpos de hielo ubicados en la cordillera provincial, en medio del nuevo escenario abierto por la reforma de la Ley de Glaciares. El trabajo técnico se realizará junto al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la Provincia también avanza en la elaboración de una ley provincial para ordenar el monitoreo, la protección y la regulación de estos ambientes. La funcionaria señaló que el objetivo es conocer con precisión dónde están los cuerpos de hielo, cómo se comportan y qué seguimiento requieren.

El avance provincial se da luego de la promulgación de los cambios a la Ley de Glaciares, que modificaron el esquema aprobado originalmente en 2010 y otorgaron mayor protagonismo a las provincias para determinar criterios de protección y habilitación de actividades en zonas cordilleranas.

La reforma nacional reabrió el debate entre protección ambiental, disponibilidad de agua y desarrollo minero. Mientras sectores productivos sostienen que el nuevo esquema puede dar previsibilidad y destrabar proyectos, organizaciones ambientalistas advierten que los cambios podrían debilitar estándares de protección sobre glaciares y ambientes periglaciares.

En Mendoza, el tema también quedó atravesado por la agenda minera. La discusión formó parte del lanzamiento de la Mesa Federal Minera en San Juan, con presencia de gobernadores de provincias con potencial extractivo, entre ellos Alfredo Cornejo, además de funcionarios nacionales y representantes del sector empresario.

El relevamiento que prepara Mendoza será la base técnica para futuras decisiones de política pública. El proceso implica identificar, ubicar y estudiar las características de los cuerpos de hielo, además de analizar su evolución en el tiempo y su función hídrica.

El antecedente central es el Inventario Nacional de Glaciares, desarrollado por el IANIGLA, que hasta ahora funcionó como herramienta clave para aplicar la ley nacional y delimitar zonas sensibles. Con la reforma, las provincias ganan mayor peso en la definición concreta de los criterios de gestión y control.

Para la minería, el cambio puede ser relevante porque una normativa provincial más precisa podría definir qué áreas quedan bajo protección estricta y cuáles podrían admitir actividades productivas bajo condiciones específicas. El punto sensible será cómo se compatibilizan los proyectos mineros con la preservación de reservas estratégicas de agua.

Según Latorre, la intención es articular conocimiento científico y regulación local para ordenar el territorio y dar previsibilidad. En términos prácticos, eso supone que Mendoza buscará sostener un esquema propio de evaluación, monitoreo y control ambiental antes de habilitar cualquier avance productivo en zonas cordilleranas.

El desafío será doble: ofrecer reglas claras para la inversión minera y, al mismo tiempo, garantizar que la protección de glaciares y ambientes asociados no dependa solo de criterios económicos, sino también de información científica actualizada y verificable.