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La investigación por el asesinato del docente en La Matanza sumó un nuevo eje: analizan si el policía detenido tenía deudas millonarias que podrían haber sido el motivo del crimen. El caso ya tiene a un efectivo como principal sospechoso tras las primeras pericias.
La causa por el asesinato del docente Cristian Eduardo Pereyra en La Matanza avanza con un nuevo foco de investigación: los posibles problemas económicos del principal acusado, un efectivo de la Policía Bonaerense.
Los investigadores buscan determinar si el agente, detenido en las últimas horas, acumulaba deudas millonarias que podrían haber influido en el ataque, ocurrido durante un viaje solicitado a través de una aplicación.
El docente, de 39 años, trabajaba como chofer para complementar sus ingresos cuando fue interceptado y asesinado a balazos en la autopista Presidente Perón, en la localidad de Virrey del Pino.
Según trascendió en la investigación, el policía acusado habría contraído deudas por más de 1,7 millones de pesos en el último tiempo, además de otros compromisos financieros con distintas entidades.
Entre ellas figuran créditos con bancos, billeteras virtuales y empresas de micropréstamos, lo que refuerza la hipótesis de que la situación económica podría haber sido un factor determinante en el crimen.
Este elemento se suma a otras pruebas que complican al imputado, quien ya fue señalado por el fiscal como uno de los autores de los disparos.
El acusado, un joven de 23 años que integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fue identificado como el último pasajero que tuvo la víctima antes del ataque.
Las inconsistencias en su declaración y la evidencia recolectada llevaron a su detención, mientras la Justicia intenta reconstruir el recorrido previo al crimen y la mecánica del hecho.
De acuerdo con la investigación, el docente fue abordado durante el viaje y recibió varios disparos cuando intentaron robarle el vehículo.
El crimen generó una fuerte conmoción, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el perfil de la víctima, que debía trabajar en más de un empleo para sostener a su familia.
Además, el hecho de que el principal sospechoso sea un integrante de la fuerza de seguridad profundizó el impacto del caso y abrió interrogantes sobre posibles responsabilidades institucionales.
Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando en la causa y no descarta nuevas imputaciones, en un expediente que suma elementos sensibles y que mantiene en vilo a la opinión pública.
