El gobierno de Javier Milei avanzó este martes contra las comunidades indígenas al derogar el decreto 805/2021 mediante el Decreto 1083/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente y su gabinete. La medida elimina la emergencia territorial establecida por la Ley 26.610 de 2006, que protegía la posesión y propiedad comunitaria de tierras ocupadas por pueblos originarios, dejando abierta la posibilidad de desalojos por la fuerza pública.

El Ejecutivo argumentó que la prórroga de la emergencia generó inseguridad jurídica y conflictos territoriales, afectando derechos como la propiedad privada y el control provincial sobre los recursos naturales. Según el decreto, la suspensión de desalojos "afectó gravemente el derecho de propiedad de los legítimos dueños", además de frenar inversiones y proyectos productivos.

El decreto también señala supuestos "abusos" en la inscripción de comunidades indígenas, afirmando que muchas de las 1.626 comunidades registradas no cumplen con los requisitos legales mínimos. Esto habilitaría a los afectados a iniciar acciones legales para recuperar tierras, promoviendo el uso pleno de los bienes inmuebles involucrados.

Con al menos 254 disputas territoriales identificadas, el desafío será equilibrar los derechos de propietarios con el respeto a las comunidades indígenas que cumplan con los marcos legales. Desde el Gobierno señalaron que la medida busca "recuperar la confianza en que la propiedad será respetada", mientras se enfrentan críticas por el impacto que podría tener en los derechos de las minorías y la estabilidad de los territorios en conflicto.