La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público tras el operativo de seguridad realizado durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en las inmediaciones del Congreso Nacional. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires.

Dalbón solicitó ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, en la que se señala el uso de gas pimienta contra una niña de diez años, que fue rociada por un policía mientras asistía a la marcha junto a su madre. Las imágenes del incidente fueron difundidas por medios de comunicación.

El Gobierno cruzó a los senadores que rechazaron el DNU de los fondos para la SIDE

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El Ejecutivo calificó el resultado como un "voto irresponsable" y advirtió que la decisión del Senado dejó al sistema de inteligencia sin los fondos necesarios en un "momento histórico" para el país.

La denuncia se basa en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de uno a dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento le corresponde.

Además de Bullrich, también fue denunciada Alejandra Monteoliva, funcionaria del Ministerio de Seguridad, por presunta violación de deberes de funcionario público. Esta segunda denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a figuras como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García, y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.