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Se decretó que Otto Pérez Molina fue culpable de defraudación aduanera y asociación ilícita, al igual que exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Un tribunal de Guatemala halló culpable de asociación ilícita y de defraudación aduanera al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La condena impuesta es de 16 años en prisión y una multa de poco más de un millón de dólares.
El caso fue uno de los más emblemáticos de la extinta comisión contra la impunidadde las Naciones Unidas en Guatemala y obligó a Pérez Molina a renunciar al cargo en 2015 antes de finalizar su período. Desde entonces ha estado preso.
Pérez Molina, de 72 años, enfrentaba tres cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.
Del último resultó absuelto, al igual que la exvicepresidenta Baldetti, pero ambos resultaron culpables de haber encabezado la estructura que defraudó al Estado.
Otros 16 integrantes de esa estructura, entre particulares y exempleados aduaneros, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de prisión.
El caso, llamado “La línea”, fue investigado en forma conjunta por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La estructura defraudaba al Estado por medio de tres aduanas que hacían descuentos a los importadores para que pagaran menos impuestos a cambio de sobornos.
En abril de 2015, miles de guatemaltecos salieron a las calles a protestar por los supuestos actos de corrupción que involucraban a todo el gabinete.
Más de 3 mil agentes de distintos cuerpos policiales participaron del megaoperativo en 11 de los 16 Estados federados de Alemania contra un grupo de seguidores de diversas teorías conspirativas y refractarios a la Constitución.
Las protestas pacíficas llevaron a la renuncia de los funcionarios. En mayo de ese año, la vicepresidenta Baldetti fue la primera en renunciar. Pérez Molina continuó en el gobierno durante meses entre críticas y acusaciones.
El 2 de septiembre, en su tercer año de gobierno, cedió a la presión popular y renunció junto a su gabinete. También está acusado en otros dos casos de corrupción que aún no han llegado a juicio.
La CICIG era un apéndice de la ONU. Durante 12 años desarticuló más de 60 estructuras del crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado.
