El debate que debió y todavía debe saldar el Congreso de la Nación Argentina mediante la legislación de una norma ordenadora aun pendiente, volvió al centro de la escena y forma parte de la agenda pública, cuando se conoció que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunirá en las próximas semanas para debatir el tema en audiencias públicas.

Se trata de un tema que toca aristas sensibles tanto de las áreas de la salud, la ciencia y la bioética. En estos días recobró actualidad cuando se conoció el caso de una pareja que decidió en un momento de proyección familiar criopreservar embriones para tener bebés, pero tras su separación concurrió a una clínica de fertilidad para que los desechen. Ya no están más juntos y decidieron anular la decisión familiar que habían tomado.

La clínica se negó al descarte de los embriones y les explicó en qué casos tenía estipulado rescindir el contrato. Y les pidió una autorización judicial para avanzar en el descarte. Entonces, el tema se judicializó y pasó por dos instancias. En la primera, una jueza les negó esa posibilidad a la ahora ex pareja. Pero en segunda instancia, la Cámara en lo Civil revocó esta decisión diciendo que la clínica no podía oponerse. El fallo fue apelado y la Corte Suprema de Justicia ahora deberá tomar la decisión final.

La mirada de los expertos en Medicina Reproductiva

Ante la falta de legislación, el experto precisó que podrían evaluarse otras opciones. “Desde mi punto de vista, es doloroso descongelar un embrión para tirar a la basura. Los mismos podrían formar parte de un banco nacional de embriones en un hospital público para que sean destinados a parejas que están imposibilitadas de concebir. Hay innumerables opciones para que sobrevivan y no terminen en la basura. Nosotros como clínica pedimos autorización judicial ya que las opiniones están divididas y no hay una legislación a seguir”, agregó el experto que desde hace 25 años se especializa en técnicas de reproducción asistida.

El médico especialista en fertilidad Sergio Pasqualini (MN 39914) explicó a Infobae que “todos los embriones que se generan son para tratamientos de fertilización asistida, no para otro tipo de uso que no sean los reproductivos”. Y tras reconocer que “quedan más de los que se transfieren y se congelan” consideró que “es necesaria una ley que diga qué hacer con estos embriones que no tienen un destino definido”.

“Existe una diferencia entre el embrión post implantación y el pre implantado y es el status de ‘persona’, el cual se adquiere después de la implantación en el vientre materno. Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Artavia Murillo y en ese sentido debe ir la legislación local”, consideró.

Por su parte, la doctora Stella Lancuba, presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), explicó que “los centros de fertilidad que reportan datos a la SAMeR están expectantes. Mantienen los embriones congelados hasta tanto exista un marco regulatorio, entendiendo que las decisiones sobre embriones criopreservados corresponden a los criterios autónomos de las personas”.

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“En los datos que aportan (la pareja que realiza el tratamiento de fertilización) existe la figura del abandono embrionario. Los centros entienden que esta decisión excede sus competencias, situación que perpetúa el abandono y requiere una solución social y legislativa”, aseguró.

Lancuba explicó que, por ejemplo, Japón deriva los embriones a investigación si luego de tres años de congelamiento los padres prospectivos no renuevan su mantenimiento o la paciente supera la edad reproductiva. Estados Unidos y Brasil cuentan con reglamentaciones similares, por lo que se propone analizar la posibilidad de derivar los embriones abandonados en Argentina al sistema científico nacional para investigación en células madre, bajo el marco legal que corresponda.

Fuente: Infobae