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El Gobierno inició audiencias ante el Tribunal del Mar en Hamburgo para frenar el proyecto Sea Lion de Navitas y Rockhopper en la Cuenca Malvinas Norte. Es el primer litigio contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por las islas.
La República Argentina inició este martes su alegato formal ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, en el marco de una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente para suspender de forma inmediata el avance del proyecto petrolero Sea Lion. La explotación hidrocarburífera, promovida por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, constituye el eje del primer litigio judicial directo que el país entabla contra el Reino Unido ante una corte internacional por la controversia de soberanía en el Atlántico Sur.
La delegación argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e integrada por el consejero legal de Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal (quien oficia como agente); el secretario Legal y Administrativo de Economía, Juan Ignacio Stampalija; el subprocurador del Tesoro, Santiago Castro Videla; y la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. El cuerpo técnico suma además a prestigiosos juristas internacionales: Marcelo Kohen —exjuez ad hoc del tribunal en el fallo que liberó la Fragata Libertad en 2012—, Nico Schrijver (expresidente del Institut de Droit International) y Agustín Giustiniani.
Las audiencias orales se extenderán hasta este miércoles con exposiciones en inglés y francés transmitidas en directo. Según el esquema fijado, la Argentina expondrá en primer término y la réplica británica se sustanciará por la tarde, completándose la segunda ronda al día siguiente. La presentación se inscribe en el procedimiento arbitral que el Estado argentino inició formalmente el pasado 28 de septiembre bajo las previsiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Dado que el tribunal arbitral definitivo aún no se encuentra conformado, la Cancillería recurrió el 13 de octubre a la jurisdicción residual de Hamburgo para evitar que la extracción de crudo genere un hecho consumado irreversible y un perjuicio irreparable sobre la plataforma continental y el medio marino. Las operadoras privadas tienen previsto iniciar las perforaciones exploratorias en 2027 y alcanzar la fase de comercialización a gran escala en 2028, lo que motivó el pedido para que Londres se abstenga de profundizar la controversia. Se estima que la orden judicial vinculante se dará a conocer entre la segunda quincena de noviembre y los primeros días de diciembre.
En el plano procesal, el Poder Ejecutivo contempla tres resoluciones hipotéticas: la aceptación integral de la cautelar —ante la cual el Reino Unido ya manifestó su compromiso de acatamiento mientras se sustancia el fondo arbitral—, un fallo de alcance intermedio con restricciones operativas parciales, o una desestimación inicial por falta de urgencia que mantendrá vivo el juicio principal para reiterar las medidas una vez constituido el tribunal ordinario. Desde Balcarce 50 enfatizaron que ningún resultado desfavorable convalidará la legitimidad jurídica de los permisos británicos.
En paralelo a la vía judicial internacional, el Gobierno activó un paquete de sanciones que incluyó la emisión de más de 180 notas de desaliento comercial a corporaciones, proveedores y países involucrados en Sea Lion y en pesquerías ilegales, la apertura de 60 expedientes sancionatorios y demandas penales específicas, como la promovida contra la firma Thales UK Limited por vuelos no autorizados en el espacio aéreo soberano. La estrategia estatal se complementa con el impulso a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados y la construcción estratégica de la Base Naval Integrada en Ushuaia para reforzar la custodia de la Antártida y las aguas australes.
