El 6 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluirá su 146° período de sesiones en Ginebra, apenas 48 horas antes del arribo a la Argentina del papa León XIV. En el kirchnerismo siguen con expectativa esa fecha: apuestan a que el organismo internacional trate y emita un dictamen sobre la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, sentencia que quedó firme tras la desestimación de su recurso ante la Corte Suprema. Aunque en el departamento de la calle San José descartan vínculos formales entre ambos acontecimientos, admiten el enorme valor simbólico que tendría un pronunciamiento favorable en las vísperas del desembarco papal.

La estrategia legal ante el organismo con sede en Suiza está en manos de Carlos Beraldi, el jurista español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en el proceso que revisó su situación judicial. El planteo sumó una reciente adenda donde se denuncian actos de hostigamiento —marcando publicaciones del presidente Javier Milei y declaraciones de magistrados de la causa— y se incorpora una auditoría privada de la firma Specs Consultoría, que afirma que la constructora IECSA recibió mayores asignaciones de obra pública que el Grupo Austral. Con estos elementos, los letrados exigieron una medida cautelar que suspenda de forma inmediata la inhabilitación política mientras se evalúa el fondo, además de objetar las condiciones del arresto domiciliario por considerarlas desmedidas, en especial la colocación de la tobillera electrónica y el tope de seis visitas semanales con previa autorización judicial.

Tensión con Kicillof y el armado del PJ hacia 2027

El movimiento en los tribunales internacionales coincide con la reactivación política de la exmandataria de cara al 2027, planteada públicamente por su hijo Máximo Kirchner. La posibilidad de una candidatura generó movimientos en la interna del Partido Justicialista frente a las aspiraciones de Axel Kicillof, distanciado de La Cámpora tras meses sin visitarla en su lugar de detención. Aunque en las encuestas el gobernador bonaerense ostenta un nivel alto de intención de voto y comparte un 97% del electorado con Cristina, en el Instituto Patria advierten que necesitará inexorablemente su aval en caso de llegar a un balotaje, ante las dificultades de instalación que muestran otros dirigentes del interior como Sergio Uñac o Gerardo Zamora, mientras se mantiene la incógnita sobre el rol de Sergio Massa.

La discusión incluye además el armado de listas en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo promueve a figuras de su núcleo duro como la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández, frente a los nombres impulsados por el kicillofismo, entre los que figuran Julio Alak, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi. El tablero se completa con dos factores de peso: por un lado, la presión opositora ante la posible suspensión de las PASO que negocia la Casa Rosada con los gobernadores; por el otro, la advertencia del fiscal Diego Luciani, quien durante el reciente Coloquio de IDEA en Mar del Plata subrayó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos "está plenamente firme", anticipando la fuerte controversia jurídica sobre si una resolución de la ONU resultará o no de aplicación obligatoria para la Justicia argentina.