Frente a la fuerte controversia política desatada en el Congreso y las críticas de bloques opositores, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió una inusual aclaración pública bajo su pauta de "lenguaje claro" para desmentir que haya convalidado la venta irrestricta de tierras a extranjeros. El máximo tribunal remarcó que su pronunciamiento en la causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo no evaluó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 —que derogó la Ley de Tierras—, sino que se circunscribió de manera estricta a un defecto procesal de legitimación activa de la entidad demandante para solicitar una medida cautelar colectiva.

En el documento, refrendado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal insistió en que el fallo responde a una línea jurisprudencial uniforme y consolidada. Asimismo, los magistrados puntualizaron que la resolución no interfiere sobre otras medidas cautelares similares que tramitan en tribunales federales de distintos puntos del país, como tampoco veda la posibilidad de que cualquier ciudadano o entidad con afectación directa acreditable peticione la inconstitucionalidad de la norma ante un juez competente.

Mensaje al Congreso y rechazo a los agravios en redes

En un mensaje directo al plano legislativo —donde bancadas de la oposición buscan articular una sesión especial en Diputados para voltear el megadecreto—, la Corte subrayó que su decisión no obstaculiza en modo alguno las atribuciones del Parlamento. En ese sentido, los jueces recordaron expresamente que la Cámara de Senadores ya rechazó el decreto presidencial el 14 de marzo de 2024 y que la Cámara de Diputados se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades para definir su validez o derogación definitiva.

Por último, los ministros salieron al cruce de los cuestionamientos públicos y de las campañas en plataformas digitales, señalando que los sectores disconformes deben canalizar sus reparos por las vías institucionales. "La crítica es correcta; la descalificación y el odio en las redes sociales sólo deterioran las instituciones y la democracia", advirtieron, al tiempo que reivindicaron los antecedentes históricos del máximo tribunal en la tutela y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente frente a intentos de desinformación comunitaria.