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PolíticaCausa ANDIS

Declara la expareja de Cerimedo desde Bolivia y asegura tener pruebas sobre los audios de la causa ANDIS

La abogada Nadia Beller testifica este miércoles vía Cancillería ante el fiscal Franco Picardi tras sobrevivir a un ataque en Santa Cruz de la Sierra. La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Diego Spagnuolo por maniobras que superan los $30.000 millones.

Miercoles, 23 de Setiembre de 2026

La investigación judicial por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma este miércoles un testimonio de alto impacto institucional con la declaración testimonial de Nadia Beller, expareja del consultor Fernando Cerimedo, quien comparece desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi. La citación se formalizó mediante exhorto diplomático a través de Cancillería luego de que la abogada manifestara públicamente poseer archivos de audio y registros digitales comprometedores sobre las grabaciones atribuidas al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, material que aportó en el marco de la causa que investiga el intento de femicidio que sufrió el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra y por el cual Cerimedo se encuentra detenido en ese país.

Beller, quien ya entregó su teléfono celular ante la justicia boliviana en un expediente paralelo por presunto enriquecimiento ilícito, aseveró contar con registros que demostrarían maniobras deliberadas de filtración política. Según anticipó su defensa en el país vecino, la fiscalía argentina tramitará la remisión de esas copias digitales para someterlas a peritajes técnicos con el fin de determinar el origen y la trazabilidad de los audios que dieron origen al escándalo, donde también figura mencionada Natalia Basil, exfuncionaria del organismo asistencial y expareja de Cerimedo.

En simultáneo con la ronda testimonial, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados, ratificando las imputaciones por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. La resolución judicial alcanza al exfuncionario Daniel Garbellini y al empresario Miguel Ángel Calvete, consolidando la hipótesis de una estructura organizada para direccionar contrataciones directas, simular compulsas de precios y percibir retornos ilegales en órdenes de compra estatales que superaron los $30.337 millones a favor de un grupo selecto de proveedores.

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