La Rioja pidió ser querellante en la causa por el presunto desvío de más de $1 billón de fondos viales

El Gobierno de la provincia de La Rioja, a través de una presentación firmada por el gobernador Ricardo Quintela, solicitó formalmente ante la Justicia Federal ser admitido como parte querellante en el expediente que investiga el presunto desvío de más de $1 billón de pesos pertenecientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). La acción penal apunta a determinar si el manejo de esos recursos específicos configuró delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia alcanza al presidente de la Nación, Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a funcionarios del Banco de la Nación Argentina en su calidad de fiduciario. De acuerdo con la documentación agregada a la causa, al 31 de mayo de 2026 se registraban colocaciones por un monto exacto de $1.001.017.908.957 en instrumentos del mercado financiero -plazos fijos y letras del Tesoro-, calculando una subejecución presupuestaria del 73,8% al destinarse a obras viales apenas $394.406 millones de los $1,5 billones asignados originalmente.

Deterioro en la red vial riojana y medidas de prueba urgentes

La provincia argumentó que el congelamiento de estos fondos generó un perjuicio operativo directo sobre su territorio, obligando a las arcas locales a financiar trabajos de emergencia. Entre los puntos más críticos destaca la Ruta Nacional 76, corredor estratégico hacia el Paso Internacional de Pircas Negras y el proyecto del corredor bioceánico con Chile, donde el Estado riojano desembolsó cerca de $900 millones tras la falta de renovación de los convenios de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional y la paralización de las obras de pavimentación en la Quebrada de Santo Domingo. El cuadro de deterioro y falta de conservación alcanza también a los trazados de las rutas nacionales 78, 79 y 141.

Frente a este escenario, la representación provincial solicitó a los magistrados la adopción de medidas cautelares y probatorias urgentes para resguardar expedientes, comunicaciones oficiales por correo electrónico, libros contables e instrucciones cursadas desde el Ministerio de Economía hacia el Banco Nación a partir de enero de 2024, buscando esclarecer si la maniobra constituyó una administración transitoria de excedentes o un mecanismo sistemático de desvío de fondos con asignación específica por ley.