El Gobierno renovó por tres meses los contratos de alrededor de 40.000 empleados públicos nacionales cuyos acuerdos vencieron el 31 de diciembre de 2024. Estas renovaciones, bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, incluyen trabajadores con contratos transitorios o estacionales.

Esta extensión será la última, ya que a partir de marzo los empleados deberán aprobar un examen de idoneidad que evaluará comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública. Además, los jefes de área determinarán si su rol es esencial para continuar en sus funciones. Según datos oficiales, 14.000 empleados ya rindieron esta evaluación, con un 95% de aprobación.

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Se trata del menor incremento en los últimos 12 meses.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que los afectados superan los 55.000, incluyendo monotributistas bajo locación de servicios y 2.400 empleados vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), quienes serían desvinculados por decisión oficial. ATE también reportó despidos en organismos como el Ministerio de Justicia, Iosfa y Parques Nacionales, además de 87 cesantías en el Centro Cultural Haroldo Conti, notificadas por WhatsApp.

El Gobierno emitió los decretos 1148/24 y 1149/24 para congelar la planta estatal y limitar nuevas contrataciones, estableciendo que cada alta debe ser compensada por tres bajas. Desde marzo, tanto empleados actuales como futuros aspirantes al sector público deberán superar el examen de idoneidad, incluyendo quienes busquen ingresar a empresas estatales.