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Este fallo será determinante no solo para Cristina Kirchner, sino también para los ex funcionarios de su gobierno y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron condenados por administración fraudulenta agravada.
La Cámara Federal de Casación Penal se prepara para emitir mañana su fallo definitivo sobre la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
El caso, que involucra el desvío de fondos de obra pública en Santa Cruz durante los años 2003-2015 hacia empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, tiene gran relevancia pública y se espera con atención.
En una audiencia pública que se celebrará a las 11 en la sala B de Comodoro Py, el presidente de la sala IV del máximo tribunal penal federal, Gustavo Hornos, leerá la parte resolutiva de la sentencia, que tendrá más de 1.500 fojas. A partir de ese momento, comenzará el plazo de diez días hábiles para que las partes involucradas apelen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que la decisión no quedará firme de inmediato. La audiencia será transmitida en vivo a través del canal oficial del Poder Judicial en YouTube.
En su discurso, también destacó que el país está viviendo un "momento bisagra" para construir un futuro económico duradero, alejándose del "pozo séptico" en el que, según él, lo sumergieron anteriores administraciones.
Este fallo será determinante no solo para Cristina Kirchner, sino también para los ex funcionarios de su gobierno y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron condenados por administración fraudulenta agravada. El Tribunal Oral Federal 2 había dictado las condenas en diciembre de 2022, tras un juicio que comenzó en 2019, pero la sentencia ahora está siendo revisada por la Cámara de Casación. El fiscal Mario Villar había solicitado una pena de 12 años para Kirchner, respaldando la acusación de administración fraudulenta y asociación ilícita, pero los jueces del TOF 2, por mayoría, le impusieron seis años de prisión.
En el juicio, se probó que las decisiones relacionadas con los contratos de obra pública en Santa Cruz fueron tomadas bajo la dirección de los más altos niveles del gobierno, lo que resultó en beneficios económicos para Lázaro Báez y otros involucrados. La defensa de la ex vicepresidenta ha argumentado que la causa es parte de un proceso de *lawfare* en su contra y ha pedido su absolución.
En paralelo, el tribunal también decidirá si mantiene el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio, así como si confirma la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro Julio De Vido. A lo largo del día, se espera un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de Comodoro Py, debido a las movilizaciones anunciadas en apoyo a Kirchner y en rechazo de lo que sus seguidores consideran una persecución judicial.
