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Aunque el Gobierno oficializó 23 proyectos por casi US$50.000 millones y evalúa otros por US$160.000 millones, la falta de cifras oficiales sobre el flujo neto de divisas abre interrogantes en el mercado sobre los tiempos reales de desembolso.
A dos años de su puesta en marcha, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como la principal herramienta del Gobierno para captar capitales de largo plazo, extendiendo su ventana de adhesión hasta julio de 2027. En ese lapso, los anuncios acumulados superaron los US$200.000 millones para las próximas décadas. Hasta la fecha, el Poder Ejecutivo formalizó mediante el Boletín Oficial 23 proyectos por cerca de US$50.000 millones, al tiempo que mantiene bajo análisis otras 24 propuestas que representan compromisos potenciales por US$160.000 millones y una estimación global de más de 243.000 puestos de trabajo.
No obstante, la falta de un registro oficial único y abierto sobre el ingreso efectivo de dólares a la economía mantiene bajo la lupa la dinámica de los desembolsos. Mientras las plataformas públicas del régimen detallan la localización, el sector y las metas anuales comprometidas, no brindan información sobre los montos liquidados. La referencia técnica más cercana provino meses atrás de la conducción del Banco Central (BCRA), que calculó en unos US$760 millones netos el flujo ingresado entre fines de 2025 y el primer trimestre de 2026.
Frente a la ausencia de estadísticas consolidadas sobre transferencias financieras, los analistas recurren a las compras externas de insumos y equipos como indicador del avance de las obras. Relevamientos de la consultora EcoGo sobre la base aduanera de ARCA señalan que las empresas adheridas acumularon US$623,9 millones en importaciones desde comienzos de 2025, experimentando una marcada aceleración en el último trimestre, que concentró más del 47% de las compras al exterior.
El ritmo mensual alcanzó su techo en agosto con cerca de US$142 millones y se mantuvo firme en septiembre por encima de los US$107 millones. Según el Monitor de Proyectos del RIGI (DESIP-IIEP UBA-Conicet), este dinamismo estuvo impulsado principalmente por el equipamiento del oleoducto VMOS —cuya puesta en servicio está prevista para enero de 2027—, desarrollos siderúrgicos, parques de energía solar y faenas mineras. Hasta el momento, este volumen de importaciones representa el 2,5% de las inversiones comprometidas en iniciativas con luz verde.
Los tiempos de ingreso de divisas responden a la propia naturaleza plurianual de estos megaproyectos y a las exigencias normativas del régimen, que impone a las compañías completar una inversión mínima en los dos primeros años desde su aprobación formal. Bajo ese parámetro, los compromisos obligatorios a liquidar en el corto plazo suman unos US$13.500 millones, con vencimientos que se concentrarán con mayor fuerza entre finales de 2027 y 2028.
En paralelo, el esquema quedó en el centro de la controversia por el denominado "gasto tributario" que implican las exenciones arancelarias e impositivas otorgadas por 30 años. Estimaciones privadas calculan que el fisco resigna hasta US$8.500 millones anuales en recaudación potencial, planteo que el oficialismo rechaza al argumentar que, sin estos incentivos fiscales y de estabilidad jurídica, las inversiones de semejante escala no se radicarían en el país.
Hasta el momento, el mapa sectorial de las iniciativas aprobadas en el Boletín Oficial se encuentra encabezado por la minería con 12 proyectos, seguida por el sector de petróleo y gas (7), la generación eléctrica (2), la industria siderúrgica (1) y las obras de infraestructura (1). A este esquema se sumarán en el corto plazo grandes desarrollos industriales y energéticos a cargo de consorcios integrados por Toyota, Glencore, Pluspetrol y Tecpetrol, elevando la magnitud global de los compromisos asumidos.
