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Un consorcio privado encabezó la compulsa económica por la prestadora de agua y saneamiento del AMBA con una oferta de US$340 millones, recursos que el Ministerio de Economía destinará a cubrir las obligaciones de deuda del Tesoro.
El Gobierno nacional concretó un hito central en su programa de desprendimiento de activos públicos tras realizar la apertura de sobres económicos para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El consorcio conformado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. presentó la propuesta más elevada con US$340 millones por el 90% del capital accionario, imponiéndose sobre los US$285 millones que ofertó el grupo encabezado por Benito Roggio.
Si bien la cifra final quedó por debajo de las pretensiones originales del Ministerio de Economía —cuyas estimaciones iniciales calculaban una recaudación de entre US$450 millones y US$500 millones—, en el Palacio de Hacienda catalogaron la operación como una señal clave de continuidad en las reformas de mercado. El contrato estipula una concesión del servicio a 30 años e impone al adjudicatario un compromiso de inversión obligatoria de $2,89 billones entre 2027 y 2031 para el mantenimiento y expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El traspaso formal ingresa ahora en su etapa técnica y legal de revisión. En las próximas semanas, la comisión evaluadora emitirá el dictamen de preadjudicación, tras lo cual el expediente deberá ser auditado por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y posteriormente por la Procuración del Tesoro. Una vez aprobadas estas intervenciones, se suscribirá el contrato definitivo, momento en el cual el grupo ganador deberá constituir el holding controlante y efectivizar el desembolso de los US$340 millones en un plazo estimado de un mes.
Los fondos captados por la transferencia de AySA representan un eslabón directo dentro del programa financiero oficial diseñado por el equipo de Luis Caputo. Para el tramo final del ejercicio actual, las cuentas del Banco Provincia registran compromisos soberanos en moneda extranjera por cerca de US$2.500 millones, incluyendo giros al Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$800 millones en noviembre y US$300 millones en diciembre.
La exigencia de divisas escalará con fuerza durante el próximo período anual, con vencimientos de deuda soberana proyectados en torno a los US$26.000 millones. Las mayores concentraciones se ubican en los meses de enero (US$4.300 millones) y julio (US$5.400 millones), empujadas principalmente por el perfil de amortización de los bonos Globales y Bonares.
Ante la decisión oficial de no recurrir a colocaciones en los mercados de crédito internacionales, el esquema de fondeo del Tesoro depende de un armado financiero diverso: compras directas de divisas al Banco Central, colocaciones de títulos en el mercado interno, desembolsos multilaterales y rollover intraestatal. En esa ingeniería, los ingresos extraordinarios por privatizaciones aportan un alivio contable indispensable, aunque dejan al descubierto la necesidad de sostener un estricto orden fiscal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones externas.
