· Domingo1 de febrero de 2026 · · 9°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 9°C
Pese a la coordinación conjunta por la inminente llegada del Sumo Pontífice, la cúpula eclesiástica mantiene fuertes cuestionamientos al rumbo oficial por la pobreza, la venta de tierras y la emergencia en discapacidad.
A cuatro semanas del arribo del papa León XIV al país, la relación entre el Gobierno nacional y la Iglesia católica atraviesa un escenario de doble vía. Mientras las mesas de trabajo conjuntas entre Balcarce 50, el Ministerio de Seguridad y las administraciones de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires avanzan con fluidez en los preparativos logísticos y de seguridad, la jerarquía eclesiástica no resigna sus señalamientos críticos contra las principales políticas del oficialismo.
Esa tregua organizativa no impidió que en los últimos días se reactivaran focos de tensión de alto impacto político. La agenda de reclamos del episcopado abarca el avance de la pobreza y la indigencia reflejado en las estadísticas oficiales, el tono de confrontación en las redes sociales y el impacto de los recortes presupuestarios en sectores altamente vulnerables.
Uno de los pronunciamientos más duros provino de la Pastoral Social de la Comisión Episcopal, que a través de un documento oficial expresó su alarma por la validez del DNU 70/2023 en lo relativo a la derogación de la Ley de Tierras. Desde el organismo advirtieron que habilitar la adquisición de inmuebles rurales a capitales extranjeros sin límites normativos pone en riesgo la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales, apelando a la responsabilidad de los tres poderes del Estado para velar por los bienes estratégicos del país.
En paralelo, la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) mantuvo audiencias con autoridades del Ministerio de Salud para exigir la regularización urgente de las prestaciones sociales. Referentes del sector aclararon que la apertura al diálogo resulta insuficiente si no se traduce en el cumplimiento estricto de las leyes vigentes, remarcando que las dificultades administrativas no deben postergarse bajo la excusa de la agenda protocolar papal.
La voz de mayor resonancia política dentro del catolicismo local continúa siendo la del arzobispo porteño, Jorge García Cuerva. Durante sus últimas intervenciones, el prelado alertó sobre las heridas que generan la intolerancia, los discursos de odio y la descalificación del adversario, al tiempo que advirtió que al Pontífice lo aguarda un país atravesado por una profunda crisis socioeconómica y un marcado incremento en la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad extrema.
A contramano de su habitual estilo de choque frontal frente a otros sectores opositores o corporativos, el presidente Javier Milei evita confrontar públicamente con la Iglesia. En los pasillos gubernamentales predomina el malestar con los obispos pero se impone el silencio estratégico, motivado en gran medida por la necesidad de preservar el respaldo de una base electoral que conserva una fuerte identidad católica. Aunque en los despachos eclesiásticos descartan que León XIV intervenga de forma directa en las disputas partidarias vernáculas, prevén que sus discursos mantendrán la impronta social y el llamado a la solidaridad comunitaria que vienen marcando los prelados argentinos.
