El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público este martes un informe técnico donde cuestiona severamente la aplicación de subsidios generalizados a los servicios públicos y a la energía, calificándolos como esquemas costosos e ineficientes para mitigar las crisis del costo de vida. En el documento —basado en el capítulo 2 del informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO)—, el organismo multilateral avaló el proceso de desmantelamiento de las asistencias tarifarias llevado adelante por el Gobierno argentino, recomendando en su lugar la implementación de transferencias de ingresos temporales y quirúrgicamente focalizadas para proteger a las familias de menores recursos sin comprometer la estabilidad fiscal.

Según las proyecciones del organismo, proteger a las poblaciones vulnerables a través de subsidios al consumo resulta entre 3 y 6 veces más caro que la asistencia social directa, mientras que subsidiar a las empresas productoras incrementa ese costo fiscal de 14 a 22 veces. El FMI fundamentó su postura señalando la inequidad distributiva del modelo universal: en los países analizados, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidios energéticos llegaron al 20% más pobre de la población. Asimismo, la entidad se pronunció en contra de las indexaciones automáticas de salarios y jubilaciones en mercados emergentes, advirtiendo que este tipo de ajustes alimenta la inercia inflacionaria en contextos de restricción presupuestaria.

El posicionamiento del FMI coincide con los datos revelados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), que reflejan un incremento del 867% en la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, cifra que supera holgadamente la inflación acumulada del período estimada en un 254%. Los mayores incrementos se registraron en las tarifas de gas natural, con subas superiores al 1.600%, y en el transporte público, que experimentó un alza cercana al 1.500%.

De acuerdo con el informe académico, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó en septiembre $268.405 para cubrir sus necesidades básicas de luz, gas, agua y transporte. Este desembolso representó el 14,6% del salario promedio registrado —estimado en $2.024.647—, una proporción que más que duplica el peso relativo que tenían los servicios públicos sobre el ingreso familiar a fines de 2023, cuando apenas rozaba el 6%. Pese a la magnitud de los ajustes aplicados en los últimos tres años, el Estado nacional aún continúa financiando el 46% de los costos de producción y distribución, mientras que los usuarios cubren con sus tarifas el 54% restante.