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El líder de La Cámpora ratificó que la exmandataria quiere competir en las presidenciales y condicionó las listas del peronismo. La estrategia judicial ante la ONU para sortear la inhabilitación por Vialidad y la cautelosa respuesta del kicillofismo.
El escenario político del peronismo ingresó en una fase de ebullición interna luego de que el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, confirmara públicamente que Cristina Fernández de Kirchner tiene la firme voluntad de postularse como candidata presidencial en las elecciones de 2027. La declaración, realizada durante una entrevista en Infobae al Mediodía, formaliza un salto cualitativo en la estrategia del núcleo duro kirchnerista: ya no se trata únicamente del clamor de dirigentes afines como Mayra Mendoza, Facundo Tignanelli, Lucía Cámpora, Oscar Parrilli o Sergio Berni, sino de la decisión explícita de la propia exmandataria de agotar todas las instancias para disputar la jefatura de Estado.
"Desde el día que inició el camino de la ONU, tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos que entienden que ella puede ser nuevamente", aseveró Máximo Kirchner, trazando un paralelismo histórico: "Si Cristina no está en la boleta, el peronismo pierde mucha competitividad. Fue tres veces en una boleta, dos como presidenta y una como vicepresidenta. Junto con Juan Domingo Perón son las únicas personas electas de esa manera. Si el próximo gobierno es peronista, la presidenta debe ser CFK". Con esta postura tajante, el sector busca asegurarse el control total de la lapicera en el armado electoral, la definición del programa y los acuerdos territoriales de cara a 2027.
El principal escollo material que enfrenta la aspiración de la exmandataria radica en la condena en su contra en la causa Vialidad, que determinó una pena de seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Frente a ese bloqueo judicial, la defensa técnica de Fernández de Kirchner ejecutó un cambio estratégico el pasado 29 de julio al elevar una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para exigir la revisión de la sentencia y la suspensión cautelar de la inhabilitación.
En aquella oportunidad, la dirigente sostuvo que "la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal; la privación de la libertad es sólo la accesoria", explicitando la motivación electoral de la jugada internacional. Si bien los dictámenes del Comité de la ONU carecen de efecto vinculante directo sobre los fallos de la Justicia argentina, su relevancia institucional genera antecedentes doctrinarios de peso internacional. El kirchnerismo confía en que un eventual pronunciamiento favorable generará una fuerte presión política local que condicione al Poder Judicial y le abra una rendija legal para formalizar su postulación.
Para reforzar esta ofensiva, desde el entorno de la exvicepresidenta comenzaron a circular estudios de opinión pública que le atribuyen indicadores competitivos de imagen positiva y paridad frente a Javier Milei en un escenario de balotaje. No obstante, el operativo clamor choca de frente con gobernadores, intendentes y referentes parlamentarios del PJ que consideran cerrado el ciclo político de Cristina Kirchner y advierten que no se puede volver a competir con la misma identidad ni con la hegemonía que signó los comicios de 2019.
El principal foco de tensión se ubica en torno al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Dentro de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), interpretan que esta arremetida camporista busca ponerle un techo al crecimiento del mandatario provincial y restarle volumen propio en las negociaciones partidarias. Pese a la presión, en el círculo íntimo de la Gobernación en La Plata optaron por eludir la confrontación directa: "Que cada uno tenga su estrategia; lo importante es no joder a los demás y que todo el peronismo pueda acumular", resumieron. Kicillof mantiene su hoja de ruta centrada en afianzar su esquema territorial, sumar presencia en el interior del país y posicionarse como la alternativa al modelo económico nacional, marcando una creciente autonomía política respecto al Instituto Patria.
