· Domingo1 de febrero de 2026 · · 14°C
· Domingo1 de febrero de 2026 · · 14°C
En medio de acampes en la Puerta del Sol, el Ejecutivo acordó suspender los desahucios hasta 2030, extender contratos vigentes hasta 2028 y bloquear compras a fondos buitre. El Partido Popular rechazó el paquete antes de la votación parlamentaria.
Bajo la presión de intensas movilizaciones populares y un prolongado acampe en la emblemática Puerta del Sol de Madrid, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprobó este martes una batería de medidas de emergencia destinadas a frenar la crisis de los alquileres. El paquete de choque, bautizado formalmente como "Decreto Maricarmen" a raíz del resonante desahucio de una jubilada de 87 años en la capital, dispone la paralización de todos los desalojos habitacionales hasta el año 2030 y establece la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028.
El anuncio corrió por cuenta de la ministra de Sanidad, Mónica García, en representación del ala de Sumar dentro del gobierno de coalición con el PSOE. La funcionaria destacó el rol activo de las plataformas ciudadanas y del Sindicato de Inquilinas al manifestar que la iniciativa apunta a "intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre la ciudadanía y los fondos buitre". La norma, que se complementará con un segundo decreto para articular renovaciones automáticas y topear alquileres turísticos y por habitaciones, deberá sortear una ajustada votación de convalidación este viernes en el Congreso de los Diputados.
La reacción de la oposición conservadora no se hizo esperar. Desde el Partido Popular (PP), la portavoz parlamentaria Ester Muñoz fustigó la intervención estatal al señalar que el oficialismo pretende "arreglar en 24 horas lo que ha destruido en ocho años" y advirtió que el congelamiento legal contraerá todavía más la oferta privada. La bancada popular también remarcó la debilidad parlamentaria del oficialismo para garantizar la mayoría necesaria en la Cámara baja, en un tablero fragmentado donde cada voto de los bloques regionalistas resultará decisivo.
El debate legislativo se produce en el pico de un colapso habitacional que afecta a todo el territorio español. Según estadísticas oficiales del Banco de España, el mercado acumula un déficit de 750.000 viviendas, con proyecciones de superar el millón hacia 2028 debido a la falta de obra nueva y al auge de los alquileres turísticos. Paralelamente, los informes del Consejo de la Juventud de España reflejan que la renta mensual promedio de 1.176 euros insume hasta el 98,7% de los sueldos medios, empujando a amplias franjas de la población asalariada a la precariedad habitacional.
