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El fiscal federal ordenó una prueba criptográfica sobre ocho direcciones de bitcoin para corroborar la justificación de fondos del exjefe de Gabinete. Además, requirió a ARCA y ANSES la reconstrucción histórica de ingresos de su matrimonio.
El fiscal federal Gerardo Pollicita resolvió poner bajo estricta verificación técnica las justificaciones patrimoniales presentadas por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, disponiendo un peritaje informático específico sobre ocho direcciones de Bitcoin. La medida busca certificar la autenticidad y titularidad de los US$ 591.544,61 que el exfuncionario afirmó haber obtenido mediante la liquidación de criptoactivos operados entre 2014 y 2018, fondos con los que intentó fundamentar los 565.000 dólares en efectivo asentados en sus declaraciones como "venta de activos".
Para corroborar la validez de la maniobra, el representante del Ministerio Público Fiscal convocó al abogado defensor Matías Ledesma y a un perito de parte a la sede judicial. El procedimiento contempla la apertura de un sobre lacrado con las claves privadas y el ingreso mediante billeteras de gestión como Sparrow o Electrum, donde la defensa deberá firmar digitalmente un mensaje unívoco entregado por la fiscalía. Acto seguido, peritos de la Policía Federal Argentina cotejarán la correspondencia criptográfica de cada dirección bajo registro audiovisual, preservando el secreto de las contraseñas, previa autorización del juzgado interviniente.
De manera complementaria, el fiscal amplió la investigación hacia los antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, tras el argumento defensivo de que el capital inicial para adquirir los criptoactivos provino de ahorros familiares acumulados antes de 2014. Pollicita solicitó a la ANSES la historia previsional completa del exfuncionario desde 1998 y de su cónyuge desde 2000 —año en que cumplieron la mayoría de edad—, requiriendo un detalle exhaustivo de remuneraciones, empleadores y aportes autónomos.
El relevamiento de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió a 1,94 puntos en una escala de 0 a 5 y empató los pisos de 2025 y julio de 2026. La mayor caída se dio en la preocupación por el interés general, en medio de ruidos económicos.
El dictamen judicial exige asimismo el levantamiento del secreto fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para auditar declaraciones de Ganancias, Bienes Personales, eventuales adhesiones a moratorias y compras de divisas concretadas entre 2011 y 2015. El expediente busca reconstruir la evolución patrimonial integral del exjefe de Gabinete durante su gestión en el Estado (diciembre de 2023 a junio de 2026), etapa en la cual utilizó las ganancias declaradas en moneda digital para costear reformas en el country Indio Cuá y la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
