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Causa de las cooperativas fantasmas: Daniel Orozco y Janina Ortiz enfrentan un juicio oral

La magistrada formalizó el pase a debate del exintendente de Las Heras, su pareja y exfuncionarios por peculado doloso. La pesquisa investigó el desvío de $35 millones a la cooperativa Manos a la Obra, mientras seis imputados fueron sobreseídos tras pagar multas.

Martes, 22 de Setiembre de 2026

La jueza Dolores Ramón confirmó este martes la elevación a juicio de la causa contra el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, en el marco del expediente que investiga el desvío de fondos públicos a través de cooperativas fantasmas. Ambos exfuncionarios comunales, junto al exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart, están formalmente imputados por el delito de peculado doloso y se encaminan al debate oral bajo una acusación que prevé penas de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa se originó durante el proceso electoral de 2023 tras la filtración de audios comprometedores atribuidos a Oyhenart, en los que se describían maniobras para desviar recursos hacia la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, entidad que percibía pagos de la comuna sin contraprestaciones reales. Según la acusación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, encabezada por Juan Ticheli, Orozco intervino en cuatro hechos entre 2021 y 2023 con el fin de drenar unos $35 millones del erario municipal. La resolución judicial incluye además en el banquillo a cuatro partícipes necesarios: Hernán Mostaccio, Juan Pablo Pandolfi, Daniel Herrera y Adrián "Moco" Pérez.

En contrapartida, la magistrada ratificó el sobreseimiento definitivo de otros seis exfuncionarios de primera línea que habían sido imputados bajo la figura de peculado culposo: Mauro Homan, Mauricio Valle, Diego Tolin, Leandro Tassi, Patricia Díaz y Carlos Nofal. La fiscalía consideró que estos exintegrantes de las áreas legales, contables y de hacienda facilitaron las maniobras de manera negligente al omitir sus deberes de fiscalización. Al encuadrarse en una figura penal que no contempla pena de cárcel ni inhabilitación, los seis acusados evitaron el juicio oral tras efectivizar el pago conjunto de $62 millones en concepto del mínimo legal de multa, cerrando su situación procesal.

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