El jefe de Gobierno porteño cuestionó a la jueza Laura De Marinis por declarar inconstitucional la nueva ley y liberar a un adolescente de 14 años. Confirmó que instruyó al ministro de Justicia para avanzar con el pedido de juicio político.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó con extrema dureza contra la jueza Laura Beatriz De Marinis tras su decisión de declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para sobreseer a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la vía pública. En declaraciones radiales, el mandatario capitalino calificó el fallo como indignante y reprochó que la magistrada imponga su mirada ideológica por encima del marco normativo votado por los legisladores: “Si ella quiere cambiar las leyes, que se presente en una lista, que sea diputada o senadora, que logre cambiar una ley y que su idea se imponga”, sentenció, ratificando que los jueces tienen la obligación funcional de aplicar las leyes vigentes y no de anularlas de acuerdo a convicciones personales.
Macri confirmó que instruyó formalmente al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, para articular la presentación del pedido de jury ante la Legislatura porteña con el objetivo de lograr la destitución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. El mandatario cuestionó que la magistrada optara por dictar la libertad inmediata del joven infractor —quien ya registraba antecedentes por robo y había abandonado un centro de inclusión estatal—, remarcando que el nuevo régimen penal juvenil ofrece múltiples herramientas procesales alternativas a la cárcel, tales como tareas comunitarias, tratamientos socioeducativos o esquemas de seguimiento y amonestación sin necesidad de recurrir al sobreseimiento.

Titular del Juzgado Penal Juvenil porteño N.º 3, asumió en diciembre de 2023 tras casi dos décadas en la carrera judicial. Su resolución consideró regresiva la Ley 27.801 y desató pedidos de juicio político de Jorge Macri y el oficialismo.
El expediente judicial se originó a partir de un intento de sustracción de un teléfono celular contra un transeúnte el pasado 10 de septiembre. Frente a los argumentos de De Marinis, quien justificó la inconstitucionalidad invocando tratados internacionales, el principio de no regresividad en materia de niñez y la falta de lesiones en la víctima, el titular del Ejecutivo porteño fue tajante al rechazar que las condiciones de marginalidad justifiquen la impunidad: “La pobreza no es sinónimo de delincuencia, no es un justificativo”, advirtió, concluyendo que la conducta de la jueza configura un mal desempeño causal de remoción al desvirtuar la aplicación de la ley en el distrito.