La figura de Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la escena política y judicial luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, resolución mediante la cual sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por tentativa de robo. Con una carrera iniciada desde los escalafones más bajos en 2006, la magistrada transitó diversas dependencias del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa hasta desempeñarse como prosecretaria letrada de Cámara en el fuero penal juvenil, cargo que dejó tras ganar un concurso de oposición y antecedentes que le permitió jurar como jueza de primera instancia en diciembre de 2023.

Apenas once días después de asumir la conducción del juzgado, le tocó resolver la situación procesal de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por golpear brutalmente al playero Arturo López en un estacionamiento de Monserrat. En aquella oportunidad, De Marinis revocó la prisión domiciliaria del agresor por entender que el monitoreo mediante tobillera electrónica y la prohibición de salir del país eran suficientes, medida que despertó un fuerte reclamo público por parte de la familia de la víctima. En declaraciones públicas posteriores, la magistrada sintetizó su mirada humanista y garantista sobre el derecho penal, citando canciones de Lali Espósito para cuestionar las visiones maniqueas de buenos y malos y rememorando su paso por la Universidad de Buenos Aires para instar a los operadores jurídicos a escuchar a los sectores vulnerados antes de aplicar el castigo estatal.

Esa cosmovisión jurídica quedó plasmada en su reciente resolución, donde consideró que la baja de la edad de punibilidad a los 14 años resulta una medida regresiva que vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares fijados por la Constitución Nacional. Respaldándose en dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU y en estudios de neurociencia que advierten sobre la inmadurez del desarrollo cerebral durante la adolescencia temprana, De Marinis remarcó que el sistema penal debe ser el último recurso social y no el primero. En su trayectoria reciente, también dictó fallos sensibles al condenar por violencia de género y cuota alimentaria a un hombre a dos años de prisión efectiva, absolver a un imputado por usurpación ante falencias probatorias de la fiscalía y otorgar la libertad condicional en una causa por homicidio culposo bajo la condición de realizar cursos sobre masculinidades y tareas comunitarias.

Aunque su pronunciamiento no anula la vigencia general de la norma en el territorio porteño y rige exclusivamente para el expediente en trámite, las repercusiones políticas fueron fulminantes. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, anunció formalmente que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada, a quien calificó de exponente de una corriente garantista funcional al delito, postura a la que se sumó la senadora libertaria Patricia Bullrich al reprochar resoluciones que construyen impunidad. Mientras en los tribunales porteños dan por descontado que la Cámara de Apelaciones revocará la sentencia por apartarse de la legislación nacional, la controversia reactivó la disputa sobre los límites de la interpretación judicial frente a las reformas votadas por el Congreso.