El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que impulsará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, luego de que la magistrada declarara inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un expediente por tentativa de robo y sobreseyera a un adolescente de 14 años. En declaraciones radiales, el funcionario porteño manifestó su indignación con la resolución, advirtió que no tolerarán fallos que desconozcan la voluntad del Congreso Nacional y remarcó que buscará la remoción de la magistrada ante el Consejo de la Magistratura al sostener que los jueces deben aplicar las normas y no bloquear debates parlamentarios consolidados.

El fallo en cuestión benefició a un joven identificado como M.I.A., ordenando su sobreseimiento definitivo y derivando el caso a la órbita del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para implementar esquemas de revinculación pedagógica, recreativa y de contención familiar. Frente a esto, Tapia confirmó que el Ministerio Público Fiscal ya interpuso un recurso de apelación ante los tribunales de alzada, confiando en que la Cámara revocará la sentencia por carecer de sustento jurídico válido, al tiempo que aclaró que la inconstitucionalidad dictada en primera instancia rige exclusivamente para este caso particular y no interrumpe la plena vigencia de la Ley Penal Juvenil en el ámbito de la Ciudad.

Respecto a la operatividad del nuevo sistema que permite procesar a menores de entre 14 y 16 años, el ministro explicó que el distrito completó el período de adecuación de 180 días articulando protocolos entre la Justicia, Educación y los organismos tutelares. Tapia subrayó que el arresto inicial por parte de las fuerzas policiales no varía frente a un hecho delictivo en flagrancia, sino que el cambio central radica en el destino procesal de los jóvenes infractores, recordando que el encierro carcelario opera únicamente como última ratio dentro de una gama progresiva de sanciones que contemplan instancias de cuidado y reinserción social.