El proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados anticipa un escenario de alta conflictividad social y política al fijar profundas reformas en el régimen de pensiones por invalidez y establecer partidas universitarias marcadamente inferiores a las solicitadas por las casas de altos estudios. En el caso de la educación superior pública, el Palacio de Hacienda presupuestó una partida consolidada de $7,3 billones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales, cifra que colisiona de lleno con los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó y exigió como piso operativo indispensable para el próximo ciclo.

El texto normativo suma además una cláusula de estricto control financiero: el artículo 12 faculta al Ministerio de Capital Humano a interrumpir de forma inmediata las transferencias de fondos hacia aquellas universidades que incumplan con la entrega de rendiciones e información requerida, mientras que los eventuales aumentos salariales tendrán como techo las plantas de personal docente y no docente registradas a noviembre de 2026. Frente a este desfase presupuestario y la amenaza de congelamiento de partidas, las organizaciones gremiales y federaciones estudiantiles ratificaron la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.

Discapacidad

En el plano asistencial, la ley de leyes introduce modificaciones de fondo en la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Nº 27.793). La iniciativa deroga sus artículos 5, 8, 9 y 14, eliminando la garantía de acceso automático a programas de cobertura médica y suprimiendo el criterio de aranceles universales obligatorios fijados por directorio nacional, dejando que cada ente obligado determine los valores con reajustes por IPC trimestral. Asimismo, el proyecto fija la Pensión No Contributiva por invalidez laboral en el 70% del haber jubilatorio mínimo y establece su incompatibilidad absoluta con el empleo formal registrado o la inscripción en regímenes tributarios generales o simplificados.

En paralelo, el anexo de infraestructura proyecta un menú de obras viales, hídricas y de saneamiento en las provincias, aunque con una fuerte concentración de desembolsos diferida para ejercicios posteriores. Entre las partidas de mayor escala destacan $25.113 millones asignados para 2027 destinados al Acueducto Vipos en Tucumán (de un costo global superior a los $148.000 millones) y $18.097 millones para la autovía sobre la Ruta Nacional 9 en Santiago del Estero, junto a intervenciones plurianuales en la duplicación de calzada de la RN3 en Chubut, la variante de la RN12 en Corrientes, el tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires y obras de mantenimiento en pasos estratégicos de Chaco, Misiones, La Rioja, Catamarca, Neuquén y Tierra del Fuego.