La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ingresó en su fase de definiciones técnicas tras la apertura de sobres en la que quedaron formalmente en carrera dos consorcios empresariales para adjudicarse el 90% del paquete accionario en manos del Estado nacional —permaneciendo el 10% restante bajo el Programa de Propiedad Participada del personal—. La compañía, que presta servicios de agua potable y desagües cloacales a más de 3,8 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, será concesionada por un plazo contractual de 30 años (prorrogable por una década más) y exigirá inversiones iniciales por USD 2.000 millones durante el primer lustro de operación.

Por un lado se postuló el consorcio encabezado por Roggio ROAS S.A.U. —vehículo corporativo del Grupo Roggio— articulado junto a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. La firma sustenta su capacidad de gestión en su experiencia al mando de Aguas Cordobesas y el servicio de Aguas de Corrientes, sumado a su despliegue en transporte público con Emova (subtes) y Metrovías (Ferrocarril Urquiza), además de contar con el asesoramiento externo de Mekorot y Marubeni. La postulación arrastra como antecedente judicial la declaración de Aldo Roggio en 2018 como arrepentido en la causa Cuadernos, donde reconoció haber pagado retornos equivalentes al 5% de los subsidios ferroviarios al exsecretario Ricardo Jaime entre 2003 y 2011 para retener contratos.

El segundo bloque oferente está liderado por la constructora Rowing S.A. (fundada por Walter Román, del Grupo Román), asociada con Mauricio Filiberti —titular de Transclor, proveedor histórico de coagulantes químicos para la potabilización en AySA y accionista de Edenor y Metrogas— y el vehículo neerlandés PHX Aqua AR B.V. Esta alianza integró como operador técnico calificado a la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações, vinculada al Grupo Equipav y a cargo de la concesión Águas do Rio en Río de Janeiro, holding respaldado por Itaúsa y el fondo soberano GIC de Singapur. Tras el análisis documental y financiero de ambas propuestas, el Ejecutivo procederá a la apertura de las ofertas económicas en dólares con la premisa de traspasar la compañía antes de fin de año.