El Gobierno nacional formalizó la puesta en marcha del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un dispositivo administrativo centralizado bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destinado a supervisar e integrar las gestiones internacionales que desplieguen los distintos organismos del Estado. La medida fue establecida mediante el Decreto 983/2026, con el propósito de garantizar mecanismos de información previa, coordinación y asesoramiento oportuno ante actividades que comprometan los intereses estratégicos o fijen posiciones de la República Argentina ante autoridades extranjeras.

El esquema normativo alcanza de manera obligatoria a todas las dependencias de la Administración Pública Nacional que entablen contactos, participen en negociaciones diplomáticas o suscriban convenios, declaraciones conjuntas o entendimientos que generen consecuencias jurídicas, políticas o institucionales para el país. El objetivo primordial es alinear el accionar de las distintas carteras gubernamentales con las directrices trazadas por el Poder Ejecutivo, evitando pronunciamientos contradictorios o iniciativas bilaterales paralelas que afecten el posicionamiento internacional del país.

Dentro del articulado, la normativa pone especial énfasis en el litigio de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. En ese aspecto, el texto oficial estipula con carácter taxativo que deberán informarse todas aquellas acciones que involucren a dichos territorios australes o que puedan incidir directa o indirectamente en los derechos soberanos argentinos, argumentando que la defensa histórica frente al Reino Unido demanda una política de Estado de absoluta coherencia y coordinación interministerial.

Con base en los reportes recibidos, Cancillería contará con facultades expresas para emitir advertencias, recomendaciones u orientaciones técnicas, las cuales serán elevadas de manera directa a la máxima autoridad del organismo que pretenda encarar la gestión si se detecta un posible perjuicio diplomático. La disposición aclara que este mecanismo consultivo no implicará un trámite formal de autorización previa ni alterará las competencias específicas de los funcionarios actuantes, aunque exigirá que cada área estatal designe obligatoriamente a un funcionario que oficiará como enlace permanente con el Palacio San Martín.