El Gobierno nacional formalizó el cierre de un reclamo territorial y económico de más de cinco décadas al establecer que la provincia de Mendoza pasará a cobrar el 100% de las regalías hidroeléctricas correspondientes al Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. La determinación, plasmada en el Decreto 689/2026, deroga de manera definitiva el régimen fijado por el Decreto 1.560 de 1973, mediante el cual el Estado nacional imponía una división salomónica del 50% de esos fondos con la provincia de La Pampa.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la medida a través de sus canales oficiales, calificándola como un acontecimiento clave para las arcas públicas: “Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Pone fin a un régimen injusto que durante más de 50 años repartió estos recursos con La Pampa. Más regalías significan más inversión, más infraestructura y más desarrollo para todos los mendocinos”, remarcó el mandatario tras conocerse la resolución de la Casa Rosada.

La posición sostenida por Mendoza a lo largo de sucesivas gestiones se fundamentó en el denominado "criterio de la fuente", principio jurídico que estipula que las regalías deben liquidarse a favor de la jurisdicción donde se ubican fácticamente los saltos de agua y la infraestructura de generación. Si bien el río Atuel recorre distintas geografías, la totalidad de las obras que integran el circuito productivo se emplazan íntegramente dentro del departamento de San Rafael.

El diferendo había escalado en los últimos meses en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A fines de agosto, el máximo tribunal ordenó la citación obligatoria de La Pampa en el litigio entablado por Mendoza contra el Estado nacional, expediente en el que la administración provincial no solo demandaba la titularidad plena del cobro a futuro, sino además una retrocesión económica estimada en unos $67.500 millones más intereses acumulados.

Previsibilidad para la concesión por 30 años

La recuperación integral de la renta hidroeléctrica coincide con una etapa decisiva para la administración operativa de las centrales Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Valle Grande. Habiendo expirado el contrato de explotación original, Mendoza y la Nación avanzan de forma articulada en una licitación pública nacional e internacional para otorgar una nueva concesión por el término de 30 años.

El esquema en desarrollo prevé la participación activa de Hidroelectricidad Mendocina Sociedad Anónima (HEMSA) en la fiscalización de los activos y la selección del futuro operador privado. Con la restitución total de las regalías, la provincia consolida su solvencia presupuestaria y adquiere un rol de mayor gravitación económica e institucional sobre uno de los complejos estratégicos del sistema energético regional.