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El secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary, solicitó dar de baja la normativa de la era menemista que otorga el estatus de nación más favorecida a capitales británicos.
En medio de la reactivación del debate soberano en el centro de la escena pública nacional, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur elevó una solicitud directa al Congreso de la Nación para derogar la Ley 24.184. La normativa, sancionada en 1992 durante la administración de Carlos Menem, ratificó el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un instrumento bilateral que otorga garantías jurídicas y comerciales de privilegio a los capitales británicos.
El reclamo fue formalizado públicamente por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, mediante un mensaje difundido en sus canales institucionales en el que etiquetó expresamente a la Cámara de Diputados y al Senado: "Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de "nación más favorecida" y cede jurisdicción ante el mismo Estado que usurpa, saquea y militariza nuestro territorio". El funcionario remarcó que denunciar este pacto representa una medida ineludible de la política exterior para alinearse con los mandatos de la Constitución Nacional, aclarando que el diferendo es estrictamente con el Estado británico y no con las islas.
Una medida fundamental para nuestra política exterior sería derogar la Ley 24.184 (Tratado de Inversiones con el Reino Unido ). Nuestro conflicto es con el Reino Unido, no con las Islas #Malvinas.
— Andrés Dachary (@ADachary) September 7, 2026
Es un error geopolítico mantener un acuerdo que garantiza el trato de "nación más…
El posicionamiento del funcionario fueguino sobrevino pocos días después de que el presidente Javier Milei encabezara una cadena nacional en la que anunció una asignación presupuestaria extraordinaria para Defensa orientada a la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, además de ordenar el endurecimiento de sanciones contra compañías que participen en la extracción de recursos naturales en el área insular sin la debida autorización del Estado argentino.
En sintonía con esas directivas, la Casa Rosada resolvió impulsar en las últimas horas una denuncia penal contra cinco empresas internacionales vinculadas con tareas de exploración y explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, fundamentando la acción judicial en violaciones expresas a la Ley 26.659, marco regulatorio que castiga administrativamente y penalmente a quienes operen en la plataforma continental argentina sin permisos oficiales.
El convenio que la provincia fueguina busca dejar sin efecto fue suscripto originalmente en Londres el 11 de diciembre de 1990 y ratificado por el parlamento nacional el 4 de noviembre de 1992. El tratado formó parte del proceso de normalización diplomática derivado de los Acuerdos de Madrid I y II (1989-1990), que restablecieron las relaciones formales bilaterales tras el conflicto bélico de 1982. A lo largo de sus 14 artículos, la norma prohíbe que se dispense a los inversores británicos un trato inferior al de los capitales locales o de terceros países, asegura la libre remisión de utilidades al exterior, impone salvaguardas indemnizatorias frente a expropiaciones y habilita instancias de arbitraje internacional fuera de los tribunales argentinos en caso de litigios.
La polémica se centra puntualmente en el artículo 3, referido a la doctrina de nación más favorecida, el cual veda a las partes someter a los inversores del otro país a condiciones menos ventajosas respecto a la gestión, uso, goce o liquidación de activos. No obstante, una eventual rescisión parlamentaria contempla una complejidad técnica adicional: el propio texto de la Ley 24.184 establece un régimen de ultraactividad, por el cual todas aquellas inversiones radicadas durante la vigencia del acuerdo continuarán bajo el amparo de sus prerrogativas legales durante un plazo extendido de 15 años adicionales a partir de la fecha formal de su denuncia.
