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El juez federal Julián Ercolini dispuso la apertura de las cuentas bancarias y los registros fiscales de la dirigente gremial. La medida busca reconstruir su ruta patrimonial y alcanza también a la cúpula de la UOM.
La investigación judicial sobre la controvertida operación inmobiliaria en el edificio donde reside la expresidenta sumó este jueves una resolución de alto impacto en los tribunales federales de Comodoro Py. El juez federal Julián Ercolini ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de la dirigente sindical María Soledad Calle, tras la adquisición del departamento ubicado en San José 1111, inmueble situado exactamente en el piso inferior a la vivienda de Cristina Kirchner.
La decisión del magistrado busca desentrañar el origen de los fondos utilizados en la transacción y recomponer de manera integral el perfil financiero de la compradora. Para cumplir ese objetivo, el juzgado libró oficios urgentes con requerimientos de información dirigidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, la Anses, la Dirección Nacional de Migraciones y la Prefectura Naval Argentina, tendientes a rastrear bienes registrables, consumos, antecedentes laborales y flujos de divisas.
El radio de la pesquisa no se limita a Calle, sino que comprende un entramado más amplio de relaciones políticas y empresarias. Las medidas ordenadas por Ercolini abarcan la reconstrucción de movimientos económicos y vínculos comerciales con el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, la propia estructura de la UOM, la sociedad comercial USEM SA y otros integrantes vinculados a dicha firma, en una causa que permanece bajo estricto seguimiento judicial.
En el marco de las nuevas medidas de prueba, el magistrado solicitó a la ARCA el envío de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales de María Soledad Calle y Abel Furlán correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025. El lapso temporal bajo la lupa coincide con la constitución y funcionamiento de USEM SA, la firma que mantenía un convenio de locación de servicios con la UOM a cambio de percibir una comisión mensual equivalente al 0,5 %.
El requerimiento judicial avanzó además sobre los registros de la Anses para determinar el historial de empleadores, fechas de alta y baja laboral y las remuneraciones percibidas por los investigados. En simultáneo, el juzgado libró un oficio a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales —bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano— para que aporte los balances y estados contables presentados por el gremio metalúrgico durante los últimos cinco ejercicios.
Finalmente, Ercolini intimó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a remitir un informe de dominio completo sobre la unidad funcional del primer piso de San José 1111, con el objetivo de constatar las condiciones de titularidad registral atribuidas a la dirigente sindical.
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