· Domingo 1 de febrero de 2026 · · [clima]
Juristas, economistas y la oposición cuestionan la legitimidad institucional, la falta de transparencia y la compleja recuperación productiva.
El entendimiento energético a largo plazo anunciado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, diseñado para otorgar a firmas vinculadas a Washington el acceso a una quinta parte de las reservas de hidrocarburos recuperables del país caribeño, desató una intensa controversia internacional. Presentado por el mandatario estadounidense Donald Trump como "el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo", el proyecto abarca la explotación de 17 campos estratégicos con un potencial estimado en 65.000 millones de barriles, un volumen superior a la totalidad de las reservas probadas de Estados Unidos.
Por su parte, la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que el esquema tendrá una vigencia de 25 años y viabilizará inversiones privadas por USD 100.000 millones, proyectando ingresos fiscales y regalías para el Estado venezolano por USD 209.300 millones. No obstante, el hermetismo en torno a la letra chica del convenio y la falta de precisiones sobre las compañías privadas que operarán los bloques alimentaron severas objeciones técnicas entre analistas del sector, quienes alertan sobre el debilitamiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad local.
La estructura del convenio sitúa a Washington en un rol clave para la selección de operadoras y el modelo societario, esquema que otorga a Estados Unidos el control del 55% de la producción efectiva de la nueva compañía conjunta y el derecho a adquirir crudo a precio de costo con destino a la Reserva Estratégica y a las Fuerzas Armadas. Juristas y académicos —como Juan Carlos Apitz, decano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y el economista Ricardo Hausmann— advirtieron sobre la vulnerabilidad legal del pacto ante futuros litigios en tribunales y cuestionaron la facultad de la administración actual para comprometer recursos soberanos durante un cuarto de siglo.
En el plano operativo, las áreas asignadas se concentran en la Faja del Orinoco (crudo extrapesado) y en el Lago de Maracaibo, cuencas que padecen un severo deterioro de infraestructura tras años de desinversión. Consultoras energéticas como Gas Energy Latin America remarcan que, si bien existen cerca de 63.700 millones de barriles en reservas probadas bajo un factor de recuperación teórico del 20%, alcanzar esos niveles exigirá décadas de obras complejas y cuantiosos desembolsos en refinación, transporte y perforación. Por este motivo, especialistas descartan un alivio inmediato en el precio de los combustibles para el consumidor estadounidense en el corto plazo.
El anuncio profundizó la grieta partidaria en el Capitolio estadounidense. Mientras sectores del Partido Republicano ponderaron la iniciativa como una vía para reducir la dependencia energética externa frente al conflicto con Irán en el estrecho de Ormuz, la bancada del Partido Demócrata acusó a Trump de instrumentalizar la captura de Nicolás Maduro en enero para apropiarse de los recursos venezolanos en beneficio de intereses corporativos. Legisladores como Chris Van Hollen y Tim Kaine calificaron la maniobra de "corrupción épica", al tiempo que editoriales de medios influyentes como The Wall Street Journal cuestionaron la expansión de un modelo clientelista y la intervención directa del Pentágono en el negocio del crudo.
