· Domingo 1 de febrero de 2026 · · [clima]
El juez Ariel Lijo solicitó informes urgentes al Ministerio de Economía sobre las colocaciones financieras efectuadas con recursos del impuesto al combustible y el estado de obras viales paralizadas; aceptó como querellantes a Ricardo Quintela y Victoria Tolosa Paz.
El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, Ariel Lijo, ordenó una serie de medidas de prueba y requerimientos informativos dirigidos al Ministerio de Economía de la Nación, conducido por Luis Caputo, y a la Dirección Nacional de Vialidad. La resolución se enmarca en la causa penal que investiga la presunta subejecución y desvío de recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso financiado con la recaudación del impuesto a los combustibles que por ley debe destinarse de forma exclusiva al mantenimiento y construcción de la red vial nacional.
La medida judicial instruye a la cartera económica a remitir a la brevedad los expedientes con instrucciones giradas al Banco Nación —en su rol de fiduciario— desde el 1° de enero de 2024, junto con el desglose detallado de las colocaciones financieras realizadas con fondos del SisVial. Asimismo, el magistrado solicitó el estado de ejecución de los proyectos paralizados en las rutas nacionales 3 y 5 (por unos $23.000 millones), además de expedientes sobre obras en la provincia de La Rioja, con especial énfasis en el mantenimiento y convenios operativos de la ruta nacional 76.
En su dictamen, el magistrado formalizó la aceptación como querellantes del gobernador riojano, Ricardo Quintela, y de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien radicó la denuncia original por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Nivel de subejecución histórica: desde el inicio de la actual administración nacional, la subejecución del fondo alcanzó el 73,8%, habiéndose utilizado apenas $394.406 millones de los $1.503.252 millones recaudados en el período (11,3% en 2024, 39% en 2025 y 18,5% entre enero y mayo de 2026).
Destino fiscal de los tributos: voceros oficiales reconocieron públicamente que parte de lo recaudado por el gravamen a los combustibles fue administrado por el Palacio de Hacienda como herramienta para sostener las metas de equilibrio fiscal.
Fallos judiciales acumulados: la intervención de Lijo se suma a seis resoluciones dictadas en los últimos 14 meses por distintos juzgados federales del país —como la orden emitida en Venado Tuerto para reparar de inmediato las rutas 7, 8 y 33 en Santa Fe— ante el deterioro de las trazas nacionales.
