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Los trabajadores nucleados en el SOEM llevan adelante un paro de 24 horas en reclamo de paritarias y contra la eliminación del adicional Compensación y Estímulo.
Un sector mayoritario de los trabajadores de la Municipalidad de Guaymallén inició este miércoles un paro de actividades por 24 horas que afecta de manera directa la prestación de servicios en el departamento más poblado de Mendoza. La medida de fuerza, convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), exige la reapertura urgente de las negociaciones paritarias y rechaza de plano la eliminación de suplementos salariales que recortaron sustancialmente los ingresos mensuales de la planta comunal.
Desde las primeras horas de la mañana, la protesta exhibió postales contrastantes en distintos puntos del departamento. Mientras que en la explanada del edificio municipal de Villa Nueva y en la oficina de licencias de conducir de calle Bandera de los Andes la concentración se desarrolló sin incidentes, el clima alcanzó mayor tensión en las bases operativas. En la sede de la Dirección de Servicios Públicos y en el predio conocido como Los Troncos —donde opera la Dirección de Obras—, el grueso de los trabajadores del sector operativo instaló piquetes con quema de neumáticos e impidió la salida de camiones y maquinaria pesada.
El conflicto salarial arrastra tensiones desde julio y agosto, cuando las partes no lograron acordar un esquema de recomposición para el segundo semestre. Sin embargo, la situación se desbordó la semana pasada tras la decisión del Ejecutivo comunal de suspender el cobro del bono adicional Compensación y Estímulo, un ítem no remunerativo que representaba un ingreso promedio de $325.000 mensuales por agente, junto al recorte proyectado en conceptos de mayor dedicación y unidades de servicio.
La quita inicial contemplaba a unos 3.500 trabajadores. Tras las primeras advertencias gremiales, la intendencia resolvió preservar el beneficio únicamente a 500 empleados cuyos ingresos totales se sitúan por debajo de los $1.200.000, dejando a cerca de 3.000 agentes alcanzados por la poda salarial. Ni siquiera la posterior rebaja del 10% en las dietas de funcionarios y personal jerárquico logró destrabar el escenario, ya que el secretario gremial Fredy Funes ratificó que las bases exigen una propuesta superadora que garantice la estabilidad de los adicionales vinculados a las condiciones operativas de trabajo.
Frente a la escalada gremial, las autoridades municipales defendieron el paquete de austeridad argumentando un desplome de entre el 20% y el 30% en los recursos disponibles para cubrir gastos corrientes. El municipio atribuyó el rojo fiscal a dos variables centrales: el retroceso generalizado en los envíos de coparticipación federal y provincial, y las secuelas del incendio que destruyó el centro de procesamiento de datos comunal, siniestro que paralizó por completo la liquidación y cobro de tasas departamentales durante cuatro meses.
Bajo la proyección presupuestaria del Ejecutivo, la supresión del bono a los 3.000 empleados generará un ahorro operativo de $720 millones mensuales para las cuentas de la comuna, mientras que la rebaja salarial aplicada sobre la planta política aportará un recorte complementario de $60 millones al mes, esquema con el que el municipio busca equilibrar su flujo financiero en medio de crecientes tensiones laborales.
