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La iniciativa enviada por el Ejecutivo reemplaza la normativa vigente desde hace 20 años. Propone un nuevo esquema de regalías, incentivos para áreas maduras, control ambiental reforzado y un marco específico para la cuenca neuquina.
El Poder Ejecutivo de Mendoza giró a la Legislatura un proyecto integral para actualizar el marco normativo de los hidrocarburos, sustituyendo una legislación con dos décadas de vigencia. La iniciativa, impulsada por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, busca dotar a la provincia de herramientas flexibles frente a la reconversión de la industria energética, estructurando un sistema capaz de atender tanto la reactivación de yacimientos convencionales maduros como el desarrollo a gran escala de la lengua mendocina de Vaca Muerta en el departamento de Malargüe.
El texto legislativo introduce modificaciones sustanciales en el sistema de licitaciones y en la fijación de cargas tributarias. Mientras que la normativa anterior fijaba una regalía fija del 12%, el nuevo esquema estipula una tasa de referencia del 15% que las empresas podrán ofertar a la alza o a la baja según la ecuación económica de cada área. Esta apertura permitirá al Estado provincial otorgar incentivos y reducciones que incluso podrán ubicarse por debajo del 5% para premiar inversiones de riesgo exploratorio, reactivación de pozos inactivos, recuperación terciaria o explotación de crudos pesados.
La incorporación expresa de las concesiones de explotación no convencional constituye uno de los pilares del proyecto, otorgando seguridad jurídica a largo plazo para los proyectos intensivos en capital que demandan la cuenca neuquina. En paralelo, la iniciativa eleva los estándares de responsabilidad corporativa al exigir que las obligaciones ambientales se extiendan durante todo el ciclo de vida de los yacimientos, estableciendo que la salida de una operadora de un área no extingue su pasivo ecológico y creando una Declaración Jurada bianual de buenas prácticas de carácter público.
El Ejecutivo oficializó el aporte a la Asociación Cooperadora del Hospital Central con imputación al Presupuesto 2026. Los recursos buscan regularizar pasivos y asegurar la continuidad de los tratamientos.
Asimismo, el articulado contempla la convivencia armónica entre la actividad minera y la petrolera ante la superposición territorial de derechos, fijando criterios técnicos de compatibilización o la intervención dirimente del Ejecutivo en caso de incompatibilidad operativa. Para garantizar la fiscalización, el régimen actualiza el sistema de multas atándolas al valor de la nafta súper e instituye una Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera —con un tope del 0,8% de las regalías— para robustecer el equipamiento técnico y las tareas de supervisión a cargo de la Dirección de Hidrocarburos.
