El violento impacto ocurrido a primera hora de este lunes en la intersección de Paso de los Patos y Lamadrid, en el distrito de Dorrego, colocó al conductor de un Peugeot 208 bajo el régimen punitivo más severo de la legislación mendocina. El test de alcoholemia arrojó que el joven de 18 años manejaba con 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuadruplicando el límite tolerado por la normativa provincial al momento de colisionar contra un Citroën Basalt que conducía una mujer que se dirigía a su lugar de trabajo y debió ser asistida por personal médico en ambulancia.

Frente a este nivel crítico de intoxicación alcohólica, el Código Contravencional de la provincia fija gravosas sanciones económicas o de privación de la libertad que quedarán a criterio del juez interviniente:

• Sanción económica: el artículo establece penalidades de 4.000 a 11.000 Unidades Fijas (UF), lo que con el valor actualizado a $600 representa una multa que oscila entre los $2,4 millones y los $6,6 millones.

• Arresto contravencional: como alternativa a la vía monetaria, la normativa contempla una pena de arresto efectivo de hasta 120 días de reclusión.

• Inhabilitación obligatoria: de carácter accesorio e inexcusable en todos los casos, el infractor no podrá conducir por un período de 90 a 545 días (cerca de un año y medio), sanción que se aplica aun si se abona voluntariamente el máximo de la multa.

A las penalidades del fuero contravencional se sumará el agravante vial detectado en la escena del siniestro: sobre la calle Paso de los Patos, por la que circulaba el rodado con cinco jóvenes a bordo, existe una señalización vertical de PARE previa al cruce de Lamadrid. Esta maniobra de omisión de paso resultará determinante para atribuir la responsabilidad mecánica en la producción del choque, reteniendo preventivamente tanto el vehículo involucrado como la licencia de conducir del imputado.

El panorama judicial del conductor ebrio podría complicarse todavía más en los próximos días con derivaciones patrimoniales y penales. En el ámbito civil, la damnificada podrá demandar el resarcimiento integral por daños materiales, gastos médicos y eventuales secuelas físicas, mientras que en la Justicia penal se analiza iniciar actuaciones de oficio por lesiones culposas en caso de confirmarse el grado de afectación en la salud de la automovilista colisionada.